La exministra de Igualdad, Irene Montero, trató de atajar la violencia obstétrica, que hace referencia a la mala praxis que sufren muchas mujeres durante el embarazo o el parto, mediante la reforma de la ley del aborto. Pero sus intenciones han caído en saco roto. De un lado, Montero no logró introducir el término ‘violencia obstétrica’ en la ley, debido al rechazo que genera en parte del colectivo sanitario. Y aunque sí se incluyeron disposiciones para disminuir el intervencionismo en los partos –como las inducciones o cesáreas innecesarias, la mejora de la formación de los profesionales o la recolección de datos que sirvan como termómetro de la situación en los paritorios–, estas siguen sin implementarse, de forma generalizada, dos años después de la entrada en vigor de la norma.
De entrada, la reforma obliga a que el Consejo Interterritorial de Salud apruebe un protocolo de actuaciones “para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico”, que aún no se ha aprobado. Sí el referente a la creación de un registro de objetores al aborto (que aún está en fase de aplicación), pero no la hoja de ruta estatal que, en teoría, debería incluir medidas coordinadas para evitar la violencia obstétrica, que hace referencia a las prácticas o conductas realizadas por profesionales de salud durante el embarazo, parto o puerperio que, por acción u omisión, son percibidas como violentas.
Para reducir la mala praxis, la propia norma incluye que los servicios de ginecología y obstetricia recaben el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los procedimientos invasivos, entre los que se encuentra un tacto vaginal o una episiotomía; que se disminuya el intervencionismo, “evitando prácticas innecesarias e inadecuadas que no estén avaladas por la evidencia científica” o que se refuerce el parto respetado, incluyendo medidas para incrementar el personal especializado. Pero todas estas disposiciones se cumplen, o no, en función del hospital.
Los cambios se han producido donde hay profesionales comprometidos en evitar la violencia obstétrica, pero no por la aplicación de una ley que no garantiza nada a las mujeres
“Los cambios se han producido en los hospitales donde hay profesionales comprometidos en evitar la violencia obstétrica, pero no por la aplicación de una ley que no garantiza nada a las mujeres, porque ni siquiera les ofrece un espacio donde denunciar si se sienten violentadas”, indica la doctora Teresa Escudero, portavoz del El Parto es Nuestro, uno de los colectivos más activos frente a esta problemática.
Sin datos actualizados
Uno de los grandes inconvenientes es que la ley incluye realizar estudios y recabar datos de forma periódica para poder evaluar la situación en los servicios de ginecología y obstetricia, como por ejemplo si el número de cesáreas, de episiotomías o de inducciones (que pueden provocar partos más intervencionistas) sube o baja en aplicación de la ley, pero se incumple. No hay datos estatales actualizados.
Las cesáreas en la sanidad privada, que se practican en el 34% de los partos, están muy lejos del 15% que la OMS marca como límite
Informes anteriores a la norma muestran que las cesáreas en la sanidad privada duplican a las recomendadas por la OMS: se practican en un 34% de los partos y la Organización Mundial aconseja que no superen el 15%. En la pública se registran en el 22% de los partos (según un registro de 2022). Y las inducciones también triplican los estándares internacionales: se producen en el 34% de los alumbramientos, frente al 10% recomendado (datos de 2020).
En este contexto, un estudio realizado por el grupo de investigación de Enfermería de la Universitat Jaume I reveló en 2020 que el 38,3% de las mujeres habían percibido violencia en su atención sanitaria, al tiempo que el 44% entendía que le habían aplicado procedimientos innecesarios o dañinos (al 83% de ellas no se les había pedido un consentimiento informado). En un trabajo posterior, realizado para medir la situación durante la pandemia, el 33,5% de las mujeres decían haber sufrido violencia obstétrica y el 42% cuestionaba que no se les hubiera solicitado consentimiento informado. Las cifras, no obstante, siguen siendo muy altas.
Puede que haya habido mejoras, pero no efectivas porque una ley no puede cambiar la forma de trabajar
Ante esta radiografía, la enfermera y profesora Desirée Mena afirma que, “aunque se están realizando verdaderos esfuerzos en muchos hospitales, las cosas cuesta mucho que cambien y por eso se sigue produciendo violencia». «Puede que haya habido mejoras, pero no son efectivas porque una ley no puede cambiar la forma de trabajar”, opina.
Problema estructural
Mena se refiere al carácter estructural de la violencia obstétrica, dado que muchos de los sanitarios que la ejercen no son conscientes y forma parte de un modelo de atención al parto que han aprendido y que ningunea a las mujeres. De hecho, los colectivos médicos rechazan que se utilice este término para referirse a lo que ellos consideran mala praxis puntuales.
Por ello, la ley también contempla formación sanitaria en este ámbito, aunque también se ha quedado en papel mojado. “Los profesionales seguimos teniendo que formarnos por nuestra cuenta, con nuestro dinero y fuera del horario laboral”, denuncia Escudero, médica de familia.
La abogada Francisca Fernández Guillén cada año defiende a más afectadas por violencia obstétrica que tienen secuelas, ellas o sus hijos
En este contexto, algunas autonomías, como Catalunya, sí están dando pasos adelante. A finales de 2023, la Generalitat aprobó un Plan, dotado con siete de millones de euros, que incluye la creación de comisiones que velen por las prácticas respetuosas en los servicios de ginecología y en los paritorios.
Sin embargo, a escala estatal, el problema continúa o incluso va a más, según Francisca Fernández Guillén, abogada especializada en negligencias médicas, que cada año recibe más casos y defiende a más víctimas de violencia obstétrica. En su mayoría, sufren incontinencia urinaria o fecal por el uso de fórceps o episiotomías o tienen dolores y problemas en sus relaciones sexuales, relacionados con partos traumáticos. También defiende a mujeres cuyos hijos sufren enfermedades, sobre todo debido a la hipoxia fetal (la falta de oxígeno en el parto).
Ley «contraproducente»
La letrada es muy crítica con la reforma de la ley del aborto (en lo referente a violencia obstétrica) porque ya existe una legislación “con rango importante”, la ley de autonomía del paciente, que exige consentimiento informado y, en su opinión, introducir nuevas disposiciones en otra norma supone, en primer lugar, “sacar a las mujeres de la ley general para ponerlas en un aparte”.
Además, dado que la norma no contiene todas las medidas propuestas por las especialistas, se incumple y no incorpora mecanismos de evaluación, Fernández Guillén considera que es “un brindis al sol” incluso “contraproducente”. “La gente está tranquila porque piensa que se ha hecho algo y no es así”, concluye.
La abogada recuerda, además, que la Abogacía del Estado se ha opuesto al cumplimiento de las tres sentencias en las que la ONU ha condenado a España por casos de violencia obstétrica, lo que a su juicio demuestra el escaso interés del Gobierno en acabar con esta problemática.
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