Redacción
La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, en colaboración con la Unidad Territorial de Seguridad Privada en las Islas Baleares, ha llevado a cabo una operación de control dirigida a combatir el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada.
Durante el dispositivo, los agentes detectaron que una empresa estaba ofreciendo servicios de seguridad sin contar con la correspondiente habilitación oficial, lo que constituye una infracción muy grave conforme a la Ley de Seguridad Privada. Además, la empresa disponía de una central receptora de alarmas ubicada fuera del territorio nacional, en contra de lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Seguridad Privada, que exige que estos servicios se presten desde el propio territorio español.
Tras identificar la oficina, a los trabajadores y los vehículos utilizados en la prestación de los servicios, la Policía Nacional ha elaborado un informe de propuesta de sanción. La infracción podría acarrear una multa que oscila entre los 30.001 y los 600.000 euros.
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