Un juzgado de Barcelona mantiene paralizada cauteralmente, desde mayo, la eutanasia de Noelia, una joven de 24 años con paraplejia cuyo padre puso una demanda para anular esta muerte asisitida. También está paralizada la de Francesc, un hombre de 54 años, víctima de cuatro ictus y dos infartos que, desde 2020, le han provocado una importante afectación en la movilidad y en el habla. Como en el caso de Noelia, fue el padre de Francesc quien se personó en un procedimiento judicial para paralizarla. En España, la eutanasia es legal desde 2021, por lo que este tipo de recursos (con frecuencia respaldados por determinados partidos políticos u organizaciones ultrarreligiosas) a un derecho reconocido por ley supone una «dilatación» del sufrimiento de las personas, como la recordado este miércoles Cristina Vallès, presidenta de Dret a Morir Dignament Catalunya (DMD). Esta entidad exige cambios legislativos para impedir la judicialización de la eutanasia, como ocurre con Noelia y Franscesc.
Hace justo cuatro años, el 25 de junio de 2021, entró en vigor en España la ley de ayuda para morir. Hasta el año pasado se realizaron, en todo el país, un total de 1.034 eutanasias, según datos del Ministerio de Sanidad, lo que supone el 42% de las 2.475 solicitudes de la prestación, lo que refleja la desigualdad entre comunidades. Catalunya, con una larga trayectoria de reivindicación de este derecho, es la comunidad donde se practican más eutanasias: 142 en 2024, frente a las 358 registradas (en toda España, fueron 427 el año pasado, frente a las 960 registradas). Dret a Morir Dignament, que ha celebrado este miércoles una rueda de prensa, reclama, además, agilizar los plazos de la prestación (las solicitudes no se deberían retrasar más de 30 días hasta su resolución y la media actual son 49 días), reducir la desigualdad entre territorios y mejorar la calidad de los datos sobre la eutanasia. Según estimaciones de DMD, el número de eutanasias en España ha superado las 1.300 en lo que llevamos de año.
Según el vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, Fernando Marín, la eutanasia se abre camino en España aunque «lentamente». «La objeción de conciencia nunca va a ser un problema para la eutanasia, porque los médicos objetores son una híper-minoría. La eutanasia, además, es una opción poco frecuente: solo representa el 5% del total de personas que mueren», ha dicho. Por eso la entidad ha puesto el foco en otras realidades. Por ejemplo, la «falta de una campaña institucional sobre el procedimiento de aplicación de la LORE [la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia]», ha dicho Vallès. También, la «falta de información a la ciudadanía» y la «falta de formación de los profesionales». «Todavía hay un alto número de muertes antes de recibir la prestación y un alto número de denegaciones en el caso de enfermedades mentales», ha añadido.
Los retos en Catalunya
Aunque Catalunya es la autonomía donde más implementada está esta ley, todavía hay «retos» por delante. Así, DMD reclama «reforzar los referentes» (una figura que fue «clave» en el éxito del despliegue de la ley), que los protocolos sean «claros y conocidos» en todos los centros, que no se queden casos sin formalizar (según Vallès, hay solicitudes que no se registran oficialmente porque no se publican en la plataforma de la Prestació d’Ajuda Per Morir, PRAM), que se desestigmatice la enfermedad mental (solo dos de las 17 solicitudes por enfermedad mental fueron aprobadas en Catalunya), el impulso del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) y la formación continuada de los profesionales sanitarios.
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