La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado este miércoles una organización dedicada a captar a mujeres para explotarlas sexualmente en un piso de Gandía, Valencia. Las víctimas eran obligadas a trabajar “las 24 horas todos los días de la semana, sin descansos, y a consumir droga con los clientes si estos lo pedían”. Hay siete personas detenidas.
Entre los arrestados hay seis hombres de entre 35 y 54 años y de nacionalidades búlgara y rumana. También se ha detenido a una mujer de 20 años y nacionalidad colombiana. Todos se enfrentan a delitos de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.
Las personas que eran captadas por esta organización eran mayoritariamente de origen colombiano, y eran reclutadas en su país de origen para traerlas a España mediante la promesa de obtener grandes fortunas. Una vez en este país, las víctimas adquirían una deuda con la organización que debían saldar ejerciendo la prostitución todo el día. En los casos en los que las víctimas ejercían la prostitución sin la imposición de una deuda, la organización les imponía un reparto de beneficios del 50%.
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Aunque en su mayoría las mujeres reclutadas procedían de Colombia, en algunos casos las víctimas residían en España. Eran de nacionalidad colombiana y venezolana y les ofrecían “plaza” en el piso donde, posteriormente, eran obligadas a ejercer la prostitución.
Según un comunicado de los cuerpos de Policía, las mujeres que eran captadas por esta organización tenían una serie de características comunes: situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica.
El origen del caso
La investigación comenzó a través de una denuncia el año pasado que comentaba que había sido víctima de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Gandía. Entre los planes de futuro que tenía dicha organización se encontraba el expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en la misma localidad.
Los principales investigados eran una pareja, de origen colombiano, que captaba a las mujeres desde el país de origen. Para asegurarse de que estas mujeres “cumplían ciertos requisitos para el ejercicio de la prostitución”, hacían una videollamada y les prometían que iban a ganar grandes cantidades de dinero.
Estos “servicios” se podían realizar fuera del domicilio si así lo pedía el cliente, y era uno de los investigados el responsable de trasladar a la mujer al lugar concretado, controlando de esta manera cualquier desplazamiento de las mujeres. Además, las mujeres estaban obligadas a consumir sustancias estupefacientes (cocaína o tusi) con los clientes si estos lo solicitaban. Los jefes de esta red también ofrecían a los clientes potenciadores sexuales como viagra.
Esta investigación, realizada por la Policía y Guardia Civil, ha descubierto un total de 38 potenciales víctimas, de las cuales seis ya han sido identificadas y han prestado declaración como testigos protegidos. Se ha registrado un piso donde explotaban a las mujeres y dos talleres mecánicos.
Blanqueo con talleres y criptomonedas
Durante estas inspecciones se han intervenido 15.870 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles, una cámara de videovigilancia, una microSD, libretas de anotaciones y documentación incriminatoria relativa a los delitos investigados, billetes de tren, dos relojes, billetes de moneda colombiana, venezolana y búlgara, un ordenador portátil, 11 coches y sustancias estupefacientes (32 gramos de cocaína y 15 monodosis de tusi), además de 250 pastillas de viagra, otras sustancias anabolizantes y material de inyección.
El dinero que obtenían en esta actividad delictiva era desviado a través de transacciones financieras de dudosa procedencia, haciendo uso de monederos virtuales de criptomonedas, y recalaba en países como Bulgaria, donde compraban bienes e inmuebles.
Otra técnica que utilizaban para conseguir blanquear el dinero que obtenían en la prostitución era figurar en situación de alta como autónomos en diferentes actividades laborales, aparentemente lícitas, como talleres mecánicos.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del EMUME de la Guardia Civil (Equipo Mujer Menor), junto con el Grupo I de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga, Policía Nacional.
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