España contra el fuego: cuánto se invierte en prevenir y apagar los incendios forestales

Un país descentralizado: Estado, comunidades, diputaciones, ayuntamientos

Los fuegos no saben de fronteras, pero las competencias de cada administración pública, sí. Son las comunidades autónomas las que asumen la competencia en prevención y extinción de incendios de acuerdo con la Constitución y sus propios estatutos de autonomía y todas ellas cuentan con su propia legislación de prevención y extinción de incendios, equipos y recursos propios. Son las autonomías quienes declaran la emergencia ante el fuego en el monte en sus distintas fases.

El Gobierno central también tiene su parte. La ley de Montes atribuye al Estado el apoyo a las autonomías con medios estatales contra incendios. El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) cuenta con diferentes recursos de apoyo y un Programa nacional de preparación en incendios forestales para coordinar recursos y hacerlos compatibles.

Para la coordinación con el resto de administraciones existen varios mecanismos: el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), que comparten MITECO y CCAA, y el acuerdo con el Ministerio de Defensa. Junto al MITECO, los ministerios más directamente implicados en la lucha contra incendios son Defensa, por la participación sobre todo de la Unidad Militar de Emergencias, y el Ministerio del Interior por la activación del Plan Estatal General de Emergencias. Los niveles 0 y 1 de emergencia se gestionan a nivel autonómico, mientras que el nivel 2 implica la cooperación entre autonomías y el Estado, y el nivel 3 activa el mando directo del Gobierno central. Lo solicitan las CCAA, como explicamos tras el apagón general del pasado abril, pero también puede declararlo el Ejecutivo por iniciativa propia.

Y a estas administraciones se suman las entidades locales. El artículo 25 de la Ley de bases de régimen local otorga competencias en prevención y extinción de incendios, no únicamente forestales, a los municipios de más de 20.000 habitantes. En el caso de los de menor tamaño, si no asumen esa competencia, se encargan las diputaciones provinciales, cabildos o consejos insulares según esa misma ley. Dentro de sus competencias, las diputaciones aprueban planes de prevención y extinción de incendios (ejemplos 1, 2 y 3).

El ingeniero forestal Rafael Aramendi explica a VerificaRTVE que, dependiendo del territorio y el riesgo forestal de incendios, los municipios pueden estar obligados a tener un plan de ámbito municipal. En Castilla y León, por ejemplo, «los municipios que tienen riesgo de incendio forestal están obligados a tener un plan de Protección Civil». Aramendi añade que algunos municipios disponen de sus propios medios de extinción y que incluso «las urbanizaciones tienen sus planes de autoprotección de incendios forestales (dentro del plan de ámbito local)».

Los planes de prevención y extinción de incendios en España

Son documentos estratégicos que recogen las medidas, actuaciones y recursos destinados a minimizar el riesgo de incendios y a garantizar una intervención rápida y eficaz en caso de que ocurran. Todas las comunidades autónomas deben tener su propio plan anual, así lo establecen el Real Decreto-ley 15/2022 y la Ley 42/2003 de Montes. En general, estos planes incluyen: la identificación, el análisis de las causas, y los factores de riesgo de incendios; medidas preventivas, organización y coordinación de los medios y recursos para la vigilancia, detección temprana y extinción de incendios, la planificación para la intervención rápida y eficaz.

Entre las medidas de prevención más comunes está la realización de trabajos en el monte para reducir la carga de combustible inflamable, como poda, desbroce, clareos y mantenimiento de áreas cortafuegos; el diseño de vías de acceso, puntos de agua y otras infraestructuras cortafuegos. También contemplan el establecimiento de prohibiciones y limitaciones de actividades que puedan generar incendios, como encender fuego en espacios abiertos. Se fomentan las campañas de sensibilización y concienciación ciudadana; medidas de vigilancia y detección temprana con el uso de medios técnicos como drones, además del apoyo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con predicciones de riesgo.

Asimismo, recogen la necesidad de una coordinación interadministrativa y movilización de recursos, estrategias para la adaptación al cambio climático y suelen incluir políticas de fiscalidad verde. Por último, muchas de ellas hacen hincapié en buscar la gestión estructural del paisaje para reducir la probabilidad y extensión de los incendios, incluyendo la lucha contra el abandono rural.

Los datos de las CCAA en 2025

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica nos explican que no existe un registro estatal que recoja los presupuestos de las Comunidades para prevención y extinción de incendios forestales, asunto que, como ya hemos explicado, es de competencia autonómica. Para obtener información de este año, hemos utilizado los datos públicos que ofrecen algunas comunidades y la información facilitada a VerificaRTVE por los gobiernos autonómicos, diputaciones forales y cabildos insulares a los que hemos consultado.

Los presupuestos generales de las autonomías son muy diferentes, al igual que la orografía y la masa forestal de cada una. Los datos que han facilitado sobre prevención y extinción no son homogéneos por lo que no establecemos una comparación. En la mayoría de los casos, se trata de cifras de presupuestos para 2025, cuya ejecución a final de año puede variar.

-Comunidad Valenciana. La Generalitat informa de que este año tiene previsto alcanzar los 190 millones: 116,1 de la Consellería de Medio Ambiente, incluidos 78 millones para reparar infraestructuras de prevención de incendios afectadas por la dana, y 74,8 millones de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias .

-Andalucía: El Infoca es el plan andaluz anual contra incendios. La Comunidad suma este año 257 millones de euros en prevención y extinción de incendios: 146 millones destinados a la prevención y 111,2, a extinción. El presupuesto incluye una partida para el personal del Infoca contra incendios.

-Cataluña: La Generalitat aporta cifras de ejecución de 2024 en dos partidas principales de las dedicadas a prevención y extinción. Suman 327,61 millones, incluidos 302,26 millones de la Dirección general de prevención y extinción de incendios y 16 millones de gestión forestal y prevención del departamento de Agricultura. El Plan especial de emergencias por incendios forestales es Infocat.

-Galicia: El plan gallego se denomina Pladiga y prevé 200 millones de euros, según la información de la Xunta, incluidos los efectivos de lucha contra incendios y un incremento del 19% en formación, entre otros capítulos.

-Castilla y León: Desde Medio Ambiente de la Junta nos informan que su presupuesto es este año de 200 millones, 126 millones dedicados a extinción y 75 a prevención. El plan de la autonomía ante incendios es el Infocal.

–Comunidad de Madrid. El plan de Madrid se denomina Infoma y este año está dotado con 51 millones de euros incluyendo el operativo de casi 6.000 profesionales y voluntarios y dotaciones de vehículos contra el fuego.

-Castilla-La Mancha: El presupuesto del gobierno asciende a 116 millones en 2025, con 60 millones para labores de prevención. La cifra incluye el personal que forma el operativo.Infocam es el programa de la comunidad contra incendios forestales.

-Cantabria: El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, destina un total de 21,9 millones euros en 2025 al Operativo de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales. La comunidad cuenta con un plan estratégico 2023-2027.

-Asturias: El Principado dedica este año 95 millones de euros, incluidos más de 31,5 millones a custodia del territorio y 48,45 a protección civil. La comunidad cuenta con un Plan 2024-25 del Principado.

-Extremadura: La Dirección general de prevención y extinción de incendios del Gobierno tiene un presupuesto de 73 millones este año. En concreto el Plan anual de prevención y extinción de incendios forestales cuenta con una financiación de 57,6 millones (página 51 del documento) e incluye 38,4 millones en gastos de personal.

-Murcia: La Región suma 68,8 millones de euros. Cuenta con un Plan anual de prevención y lucha contra incendios. El Consorcio de extinción de incendios tiene un presupuesto anual de 40,8 millones, la Consejería de medio ambiente de 24 y la de Presidencia aporta 4 millones, según los datos facilitados.

-Aragón: La dotación presupuestaria para la financiación del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad autónoma de Aragón para el año 2025 asciende a 47,5 millones (Pág. 34 del Plan anual). El presupuesto del dispositivo de 2025 es una prorrogación del de 2024, y está pendiente de una modificación presupuestaria.

-Navarra: La comunidad foral supera los 45 millones de euros, según ha informado la Consejería de Interior, incluida la partida para prevención, extinción de incendios y salvamento del Servicio de Bomberos suma 42,7 millones en 2025. Este es el Plan anual 2025 de prevención y extinción de incendios forestales. El de 2024 se cerró con una ejecución de 3,8 millones en mantenimiento forestal, prevención y ganadería extensiva, según los datos facilitados.

-La Rioja: La comunidad tiene una dotación para 2025 de 8,2 millones de euros para incendios forestales en concreto: 4,2 millones en la campaña de vigilancia y extinción de incendios forestales y otros 4 millones de euros en la campaña y actuaciones de prevención.

-Islas Baleares: El Gobierno balear informa de que su presupuesto asciende a 50,6 millones de euros, incluidos 12,4 millones para la campaña de prevención y extinción y 7,6 millones para el servicio de gestión forestal, entre otros capítulos. Se incluye también el personal de extinción). Este es el Plan balear de prevención y extinción.

-País Vasco: La competencia es de las tres diputaciones forales, su gasto conjunto en prevención y extinción es de 100,2 millones de euros. Bizkaia nos informa de un presupuesto de 49 millones: 12 en prevención y extinción y 37 millones en Bomberos. Álava prevé 20,2 millones, 17,5 al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y otros 2,7 de cuidado del monte y Brigada Forestal. Gipuzkoa, 40 millones, 35 de ellos para prevención, extinción de incendios y salvamento y 5 para equilibrio territorial. Euskadi cuenta con un Plan de emergencias para incendios forestales.

-Islas Canarias: Desde el Gobierno canario nos informan de que su presupuesto este año es de 9,5 millones, pero son los cabildos los competentes en la materia. Estos son los datos facilitados de las islas con masa forestal: La Gomera, 9 millones; Tenerife, 33 millones, incluidos los helicópteros; El Hierro: 3,2 millones; La Palma, 6 millones. No contamos con datos de Gran Canaria en el momento de publicar el reportaje.

-Melilla: La ciudad nos informa de un presupuesto de 1,2 millones para extinción de incendios, incluido el servicio de bomberos urbanos. La superficie de terreno natural, nos explican desde el gobierno autónomo, es en su mayoría terreno militar del Ministerio de Defensa. En el momento de publicar el reportaje, no contamos con datos de Ceuta.

Bomberos, UME, Protección Civil: ¿quiénes acuden al incendio?

Medios de vigilancia. Durante la detección y comunicación del fuego, existen varias vías de vigilancia: terrestre (torretas, retenes…), aérea (helicópteros, aviones…), avisos ciudadanos o información en tiempo real proporcionada por satélites.

Bomberos forestales (o bomberos). Participan en la extinción del fuego. Dependiendo de la comunidad autónoma pueden acudir primero los bomberos (que son funcionarios) y luego los bomberos forestales (algunos son fijos y otros no; también pueden ser contratados por empresas pública como TRAGSA o por empresas privadas).

CECOP y CECOPI. Cuando se conoce la existencia de un incendio, se activa el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la comunidad autónoma correspondiente, que se encarga de coordinar todos los recursos y actualiza las decisiones. Si fuera necesario, se activaría el CECOPI a nivel estatal.

Director técnico de extinción. Una vez determinado el nivel de emergencia se designa a un director técnico de extinción que lidera las operaciones. Es un ingeniero técnico forestal que decide si el nivel aumenta o disminuye en coordinación con Protección Civil.

Protección Civil. Cuando los incendios forestales afectan a la población, carreteras, infraestructuras críticas, entre otros, interviene Protección Civil. En la extinción también están sus agrupaciones de voluntarios que dependiendo de sus capacitaciones y medios o de la gravedad del incendio atacarán al fuego o se dedicarán a tareas logísticas.

BRIF. Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios. Proporcionan un servicio de apoyo a partir del nivel 2 de emergencia a las comunidades autónomas, pudiendo actuar en cualquier punto del territorio nacional, incluyendo las Islas Canarias. Pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

EPAIF. Los Equipos de Prevención y análisis de Incendios Forestales (EPAIF) son una fusión de servicios EPRIF (equipos de prevención integral de incendios forestales) y las UMAP (unidades móviles de análisis y planificación). Tienen como objetivo la prevención, análisis y asistencia de incendios forestales.

UME. La Unidad Militar de Emergencias interviene en situaciones de emergencia para apoyar las acciones en el territorio nacional o internacional. Al igual que las brigadas BRIF, acuden al incendio durante el nivel 2 de emergencia y trabaja en la extinción del fuego bajo las órdenes de los directores técnicos.

Fuerzas de seguridad. También se movilizan ante los incendios agentes de Guardia Civil y efectivos de Policía Nacional desplegados, en coordinación con los del Ministerio para la Transición Ecológica y la UME.