Las bomberos forestales de la Comunidad de Madrid vuelven a la huelga este lunes para exigir mejoras laborales, sin esperar a que se celebre la reunión tripartita con el Gobierno regional y Tragsa prevista para el 28 de agosto.
Tragsa, adjudicataria del servicio de extinción de incendios forestales en la comunidad, ha convocado a los bomberos a una reunión junto con el Ejecutivo de Madrid el próximo jueves para avanzar en la resolución del conflicto laboral.
Los brigadistas madrileños ya protagonizaron una huelga del 15 de julio al 15 de agosto, con servicios mínimos del 80%, para reclamar subidas salariales, acabar con la temporalidad (que afecta a 200 bomberos forestales de los 500 que hay en Madrid), mejoras de salud laboral y de categoría profesional, entre otras.
Para los sindicatos, la reunión tripartita que Tragsa ha convocado «es un paso para empezar con acuerdos y mejoras sobre nuestras condiciones laborales, sobre todo las urgentes, como la subida salarial, por lo que estamos dispuestos a escuchar y estudiar las propuestas de mejora», indican Firet, UGT y CGT.
Los sindicatos esperarán a los resultados de la reunión para desconvocar el paro
Sin embargo, han decidido retomar la huelga este lunes, debido a que Tragsa no les ha comunicado ningún avance y «sigue sin decirles nada desde el inicio de la huelga», por lo que esperarán a los resultados de la reunión tripartita para desconvocar el paro, han dicho a Efe desde el comité de empresa.
«Hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga, que es con carácter indefinido», añaden en el comunicado conjunto.
Además, aseguran que «no es una opción la información filtrada a los medios de comunicación de adherirnos al convenio de las Brigadas Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica», al tratarse de «servicios totalmente diferentes y solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla».
El pasado viernes, la Comunidad de Madrid y Tragsa mantuvieron una reunión para abordar el conflicto laboral, en el que la empresa pública estatal —que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— se abrió a incorporar mejoras laborales desde enero próximo con el nuevo encargo en la prestación del servicio, que contará con 32 millones de euros, según trasladaron desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.
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