El informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), titulado ‘Raíces tras los muros‘ y presentado en el Congreso de los Diputados, revela que la función principal de estos centros —facilitar la repatriación— se incumple en gran medida, lo que demuestra que el internamiento inflige «un sufrimiento innecesario y costoso».
Un total de 1.863 migrantes fueron privados de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024, una cifra que representa un descenso de 222 personas respecto a 2023. El 42,84 % fue liberado tras «una inútil privación de libertad» que supone «un enorme coste económico, social y, sobre todo, humano». Otro dato alarmante es que el 70% de la totalidad de los internos fueron recluidos solo por estar en situación irregular en España, sin haber cometido ninguna otra falta administrativa ni delito.
Un informe denuncia que se interna a personas con arraigo en los CIE
De las personas que abandonaron los CIE en 2024 sólo el 55,6% fue finalmente expulsado o devuelto del territorio, la función para la que fueron concebidos estos centros. El SJM, que considera «alarmante» que no se respete la excepcionalidad del internamiento, ha subrayado que su objetivo final es el «cierre o la humanización de estos lugares oscuros y de muerte».
Personas con fuerte arraigo en España
El estudio documenta el perfil de los internos a través del testimonio de más de 600 personas a las que la entidad visitó a lo largo de 2024 y llama la atención sobre su amplio arraigo. De los 1.863 migrantes que ingresaron, 853 solicitaron protección internacional desde el CIE. De las 611 personas acompañadas por el SJM, el 59,6% llevaba entre uno y siete años de estancia en el país.
Un 15,82% de los que aportaron información de arraigo contaba con más de 15 años de estancia en España; un 13,47%, entre 7 y 15 años; y solo el 11,11% llevaba menos de un año. Muchas de estas personas tenían «raíces» en España, con familiares directos en el país, hijos a su cargo, y extensos tiempos de estancia regular y empleo a sus espaldas.
“Detrás de cada número hay una persona con nombre, esperanza y derechos“
La voluntaria Cel Far Sicart ha relatado haber sido testigo de «vidas que se rompen detrás de los CIE» y ha cuestionado por qué se continúa pidiendo arraigo a las personas migrantes para acceder a ciertos derechos cuando, después, eso no se tiene en cuenta al llevarles a un CIE. Además, recordó que a menudo se olvida que «detrás de cada número hay una persona con nombre, esperanza y derechos».
Aumenta el número de mujeres
Las nacionalidades más frecuentes entre las 611 personas acompañadas por el SJM fueron la marroquí (30,44%) y la colombiana (16,04%), seguidas por la peruana (8,18%). El informe también ha recopilado datos de la Dirección General de la Policía, destacando que, aunque la cifra global de internamientos ha descendido notablemente desde los 17.203 de 2009, se ha registrado un incremento en el número de mujeres internas en 2024 que son 85 frente a las 64 de 2023, una dinámica creciente desde 2020.
La causa principal de internamiento es, en su mayoría, por expulsión. En total 1.563 personas (83,90%) frente a las 300 por devolución (16,10%). En 2025 han estado activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura de Aluche a finales de 2023). El de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo.
La duración media del internamiento fue de 33,66 días (el máximo legal es de 60). Además, en 2024 se activó el protocolo de prevención del suicidio en 14 casos y el plan para la detección de víctimas de trata en cinco ocasiones.
El cardenal de Madrid, José Cobo, en un acto de apoyo a las personas recluidas en los CIE en octubre de 2024. ARCHIVO EFE / SOL CARRERAS
El SJM también ha documentado que solo se practicaron pruebas de determinación de la edad a dos jóvenes en Madrid y a otro en Murcia, e informó de que fueron internadas 41 personas originarias de países de la Unión Europea.
Petición de «transparencia»
El Servicio Jesuita a Migrantes ha reclamado «mayor transparencia» por parte de la Administración y ha solicitado que se publiquen periódicamente informaciones sobre datos y procedimientos.
El coordinador del programa CIE en SJM y autor del informe, Iván Lendrino, aseguró: «Pensamos que la Administración tiene una asignatura pendiente. Persiste falta de transparencia y ausencia de mecanismos del Estado que informen periódicamente de este ciclo, que no solo es el del internamiento, que es el de la identificación, la privación de libertad y la repatriación».
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