Las comunidades autónomas con menor renta tienen una mayor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca, según un estudio a nivel nacional presentado en el Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Andalucía, Extremadura y la Comunidad Foral de Navarra son las comunidades autónomas con mayor mortalidad hospitalaria por insuficiencia cardiaca, mientras que la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y País Vasco presentan una menor mortalidad por esta grave patología, que afecta a casi un millón de españoles.
La insuficiencia cardiaca es una enfermedad grave que ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre de forma adecuada y, por tanto, no consigue enviar el oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo. Tiene un enorme impacto en la calidad de vida de quienes la padecen, así como una elevada mortalidad.
Hospitales públicos
El trabajo, presentado en el Congreso de la SEC que se celebra en Granada del 23 al 25 de octubre, ha sido realizado con el apoyo técnico y metodológico de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS) y ha incluido a 764.083 pacientes ingresados por esta patología entre 2026-2022 en 263 hospitales públicos generales del Sistema Nacional de Salud.
El estudio, cuya primera firmante es la doctora Carolina Ortiz, cardióloga en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) analiza las diferencias entre comunidades, en cuanto a número de ingresos por insuficiencia cardiaca y mortalidad hospitalaria por esta causa, teniendo en cuenta tanto el riesgo clínico de los pacientes como los factores sociales que influyen en la salud.
Las condiciones sociales
El trabajo examina cómo influyen esas condiciones sociales y el tipo de hospital en la frecuentación de ingresos por insuficiencia cardiaca -es decir, en cuántas personas ingresan por insuficiencia cardiaca dentro de una población y en un periodo concreto- y en la mortalidad durante la hospitalización.
Los autores han evidenciado «desigualdades relevantes» entre comunidades que no se explican por la complejidad o volumen hospitalario a nivel regional. En cambio, las desigualdades de PIB per cápita sí se asocian a diferencias en la mortalidad ajustada, con mayor mortalidad en regiones de menor PIB. La mortalidad ajustada por riesgo corrige las diferencias de edad y enfermedades entre poblaciones para comparar en igualdad de condiciones. No «elimina» el riesgo individual, sino que lo tiene en cuenta para estimar cómo sería la mortalidad si todos los pacientes tuviesen un perfil similar.
Los determinantes sociales de la salud son condiciones del entorno económico y social que influyen en la salud. Por ejemplo, la riqueza regional, educación, empleo, hábitos, ambiente o contaminación. En el estudio se analizaron por comunidad los siguientes determinantes sociales de la salud: PIB per cápita, renta disponible media, riesgo de pobreza, desigualdad de renta, nivel educativo, desempleo, tabaquismo, consumo de alcohol de alto riesgo, obesidad y contaminación del aire.
De los determinantes sociales evaluados, el PIB per cápita fue el único que mostró asociación independiente con la mortalidad. «Con más de 760.000 ingresos del Sistema Nacional de Salud y un ajuste de riesgo robusto, el trabajo da base a políticas intersectoriales, sanitarias y sociales para reducir estas desigualdades. Mejorar las condiciones de vida y los recursos comunitarios importa tanto como la atención hospitalaria«, concluye la doctora Ortiz.
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