El número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aumentado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que representa un crecimiento del 36,8 %. Estos centros, considerados de dependencia funcional privada, ya suponen el 30,7 % del total de hospitales del SNS. Son datos del ‘Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)’, publicado este martes por el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.
El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser «un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general».
Se da a conocer tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud y después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya anunciado que su departamento va a limitar, por ley, la gestión privada en los hospitales públicos. «Necesitamos una ley que proteja y blinde lo público«, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha presentado los resultados del informe.
Gestión privada en la red pública
Con los datos del documento que ha hecho público Sanidad, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%. Este fenómeno se concentra especialmente en comunidades como Catalunya y la Comunidad Foral de Navarra donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial.
El único ámbito en el que la dotación y la actividad asistencial aumenta en los hospitales privados que no pertenecen al SNS es en lo relacionado con la realización de pruebas diagnósticas, se remarca.
Uso de fondos públicos
En 2023, el 34,6 % de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS fueron financiadas con fondos públicos. Asimismo, alrededor del 21 % de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros recibieron financiación del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Sanidad, Mónica García, este sábado, en Madrid. / Borja Sánchez-Trillo / EFE
El informe subraya que este modelo de colaboración «no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud y advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema».
Diagnósticos más frecuentes por el SNS
El informe analiza en qué ámbito se abordan principalmente los casos de los diagnósticos más frecuentes registrados en el sistema sanitario. En 2023, a nivel del conjunto del sistema sanitario, entre el 70-80 % de los contactos que se registraron de los diagnósticos más prevalentes, como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia se atendieron en hospitales públicos.
Fachada del Hospital Universitario de Torrejón en Madrid / Eduardo Parra/Europa Press
Al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o grandes quemados, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%, apunta el documento.
Entre los principales riesgos que el informe asocia a este modelo mixto destacan: fragmentación de la red asistencial; brechas salariales y de condiciones laborales del personal; riesgos de sobrecoste y escasa trazabilidad en facturación o atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos.
Los seguros privados
El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. En 2024, el 32,6 % de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2 % en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) y la Comunidad Valenciana (234,8 %).
A pesar de este incremento en el aseguramiento privado, indica Sanidad, los resultados muestran una proporción mayor de personas que prefieren acudir a los servicios sanitarios públicos, especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la atención primaria (69,9 %) o con una mayor complejidad o gravedad, como la atención urgente (72,6 %) y los ingresos hospitalarios (76,1 %).
Estos datos se corresponden con un mayor porcentaje de personas que acudieron a centros sanitarios públicos frente a privados en el último año en el ámbito de la atención primaria (91,5 % frente a 32,0 %), los ingresos hospitalarios (75,9 % frente a 28,6 %) y la atención urgente (86,4 % frente a 26,0 %).
El documento identifica la pandemia de covid-19 como un punto de inflexión en esta tendencia. A partir de 2020, se asegura, se aceleró la contratación de pólizas privadas como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención «más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas».
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