“Nuestra propuesta para el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030 confirmará la ganancia del poder adquisitivo de los profesionales”

La patronal ha presentado una propuesta definitiva para el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030. ¿Por qué consideran que la propuesta que han realizado es positiva tanto para los representantes de los trabajadores como de las empresas? 

Porque entendemos que hemos formulado una propuesta global y coherente, que combina mejoras sociales, importantes avances en diversas materias para favorecer la conciliación, aporta seguridad jurídica y mantiene una tendencia de incrementos salariales muy ambiciosa.

Con todas estas medidas se crea un bloque completo de avances y mejoras adaptado a la realidad actual del sector, especialmente con una mejora notable en el tratamiento de materias relativas a la conciliación de la vida personal y profesional; por ejemplo, reforzando el descanso garantizado mediante la clarificación interpretativa de los 12 fines de semana anuales y la incorporación progresiva anual de nuevos descansos adicionales de 48 horas, ampliando el descanso en Navidad y Nochevieja en su posterior periodo diurno, incrementando el número de servicios con cuadrante anual o fijando un preaviso mínimo para las órdenes de servicio.

Adicionalmente, se establece un protocolo claro y garantista de desconexión digital; se aclara, actualiza en profundidad y amplía el régimen de licencias retribuidas; se ordena definitivamente el tratamiento de vacaciones en los procesos de subrogación; se regula por primera vez el ejercicio de tiro como tiempo de trabajo efectivo o retribuido según corresponda; se reconoce un plus aeroportuario también al personal que realiza inspección de mercancías, paquetería y correo mediante equipos de radioscopia certificados; se activa una comisión para la revisión estructural de la clasificación profesional para adecuarla a las nuevas funciones tecnológicas del sector y, entre otras materias, se dota al texto del nuevo Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030 de un lenguaje plenamente inclusivo.

En cuanto a las contrapartidas empresariales, tan solo le puedo decir que, tras la petición expresa y continuada de la representación social, hemos renunciado a abordar, en este momento, nuestras dos únicas propuestas —poner freno a los exponenciales incrementos de costes derivados de la incapacidad temporal y flexibilizar la jornada garantizada en transporte de fondos para hacer frente al impacto de la lucha contra el efectivo— para posibilitar un acuerdo y la agilidad del mismo.

Hemos solicitado que se incorpore al preámbulo del nuevo texto el compromiso conjunto de trasladar a una reflexión más pausada, dentro del Observatorio Sectorial o en otros ámbitos al mismo efecto, las dos materias que ahora se retiran de la mesa, y el de acometer conjunta e inmediatamente actuaciones para cambiar legislativamente determinadas normativas que impactan decisivamente en los procesos de contratación de servicios. Me refiero a cuestiones como la desindexación o la Doctrina Somoza, que potencian la competencia desleal, desdibujan la buena imagen del sector, desincentivan la concurrencia a licitaciones de las empresas más respetuosas con el cumplimiento de las normativas y ponen en grave riesgo de sostenibilidad a las empresas y profesionales de aquellas que no lo son tanto.

Esa renuncia, sumada a un paquete completo de mejoras estructurales, constituye el máximo esfuerzo realista que las empresas pueden sostener. Y lo hacemos con un objetivo inequívoco: pactar un buen convenio para todo el sector con más de un año de antelación, generando una necesaria visibilidad futura de costes para las empresas, que ya conviven con un entorno impuesto externamente de constante inseguridad jurídica, y garantizando una estabilidad laboral con necesarias mejoras sociales y económicas para miles de profesionales.

Uno de los asuntos que se están debatiendo en la mesa de negociación es la actualización de licencias retributivas. ¿Qué mejoras aporta su propuesta al respecto?

El régimen de licencias retribuidas que ha regido al sector durante años incorpora los permisos clásicos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, y ha funcionado razonablemente bien en un contexto normativo distinto del actual; pero se elaboró antes de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2023, antes de la jurisprudencia más reciente y antes de que algunos supuestos sociales y familiares se extendieran de forma generalizada. Esa situación genera ciertos vacíos interpretativos, especialmente en la determinación de los permisos que se disfrutan por días laborables o naturales, y en el tratamiento de nuevas configuraciones familiares (por ejemplo, parejas de hecho inscritas).

Lo que hemos propuesto aporta una seguridad jurídica inmediata en materias que venían teniendo distintas interpretaciones y adapta el régimen de licencias a la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2023, a la jurisprudencia consolidada y a las nuevas realidades familiares, como parejas de hecho inscritas o nuevos permisos en procesos de adopción, guarda o acogimiento.

Además, introducimos una cláusula de remisión directa al Estatuto, de modo que cualquier mejora futura quedará automáticamente incorporada. Esto evita confusión, elimina litigios innecesarios y coloca al sector en plena sintonía con el marco laboral estatal, algo imprescindible en un convenio moderno.

Otro de los asuntos debatidos ha sido la extensión del plus aeroportuario a más profesionales. ¿Qué mejora introduce realmente su propuesta y para qué colectivos?

Modernizamos por completo el modelo. El convenio actual solo contempla el devengo del plus para el personal de filtros de pasajeros, pero hoy la normativa europea exige radioscopia de alta intensidad en carga y correo, con idéntico nivel de responsabilidad y riesgo operativo. Por eso, proponemos que también perciba el plus el personal que realice radioscopia en carga y correo, utilice equipos certificados y disponga de la certificación C3b o equivalente.

Misma formación, misma responsabilidad, mismo reconocimiento. Esta medida homogeneiza el sector aeroportuario, lo adapta a la regulación europea y corrige una brecha histórica.

Entre sus propuestas para el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030 está la creación de una Comisión Mixta para la clasificación profesional. ¿Por qué consideran tan necesario que se conforme este órgano y qué aportaría al sector?

La creación de una Comisión Mixta es imprescindible porque el convenio vigente responde a un modelo de sector de hace 20 años. Hoy existen perfiles híbridos, operadores técnicos, especialistas en seguridad electrónica y profesionales vinculados a sistemas inteligentes y tecnologías emergentes.

Esa Comisión Mixta permitirá reflexionar analíticamente sobre el sistema actual de categorías laborales para adecuarlo a la realidad tecnológica y elevar una propuesta para su aprobación. Esto facilitará el desarrollo de carreras profesionales más coherentes, el reconocimiento de nuevas competencias y un sector mejor adaptado al futuro.

«Una Comisión Mixta permitirá reflexionar analíticamente sobre el sistema actual de categorías laborales para adecuarlo a la realidad»

Pasemos ahora a la parte económica y una de las cuestiones más delicadas, los incrementos salariales. ¿Por qué consideran que la propuesta salarial que hace la patronal es una buena oferta?

Le voy a contestar de una manera clara y sencilla: primero por análisis, porque es lo máximo que puede soportar nuevamente una empresa tipo del sector, que ya viene de otro incremento del 16 por ciento. Esto último, en costes reales asumidos, es mucho más si se consideran otros costes asociados como el de Seguridad Social, incrementos anteriores y futuros del salario mínimo interprofesional, los costes asociados al devengo de la antigüedad con plantillas en tramos de edad cada vez más elevados, el absentismo en niveles del 8-10 por ciento, etc.

En segundo lugar, la oferta es buena por comparación. Basta con examinar si, dentro del sector Servicios, las distintas actividades han hecho o van a hacer un esfuerzo similar al nuestro.

Los salarios en España, en general, y en el sector Servicios, en especial, son bajos, y la profesión de vigilante de seguridad no es ajena a esta circunstancia. A esto se une el escaso reconocimiento de estos profesionales –no ya tanto social, como institucional– y su prácticamente inexistente protección jurídica en el desarrollo de sus funciones, que no son otras que proteger la seguridad de los ciudadanos. Los demandantes de los servicios siguen sin hacer muchas distinciones entre valor y precio.

Por otra parte, las cargas impositivas que soportan los salarios más bajos son irracionales y cualquier esfuerzo en el incremento de los salarios y costes que asuman las empresas no le llega en forma de ingreso a la persona trabajadora, sino que los principales beneficiarios son los Ministerios de Hacienda y Seguridad Social, tema al que habría que darle una solución inmediata.

Son cuestiones de tratamiento prioritario para Aproser. Estos y muchos otros que ahora no vienen al caso, por lo que no es de extrañar cierto descontento en esta profesión y en otras que tienen que ver con lo más esencial, la seguridad, la salud y la educación. Es un mal endémico nacional, cuya solución ni depende solo de nosotros ni, si se tuviera realmente la intención de solucionarlos desde ámbitos legislativos, se conseguiría a corto plazo.

En la vida cotidiana de las empresas se replican situaciones de la vida familiar, lo que les gustaría hacer y lo máximo que pueden hacer; y se replican también latiguillos, como el “ya me gustaría…”, pero siempre hay limitaciones insalvables. Por ejemplo, a ninguna familia se le ocurre destinar más del 50 por ciento de sus ingresos a pagar la hipoteca, porque tiene otros compromisos importantes que atender y, además, no tiene la certeza absoluta de percibir los mismos ingresos en años venideros; y lo mismo le sucede a cualquier empresario responsable en cuestiones análogas.

Desde 2023, venimos planteando y materializando incrementos al límite de las posibilidades sectoriales. Para un 10 por ciento de las empresas puede suponer un esfuerzo relativo, pero para las restantes ha sido y seguirá siendo un esfuerzo muy importante. Aunque se vuelva a asumir este compromiso en un nuevo convenio, equiparando el concepto de gasto al de inversión, el retorno de la misma no está para nada asegurado, y menos con la inseguridad jurídica con la que este sector lleva años conviviendo, especialmente en la imposición no prevista de nuevas y continuas cargas laborales y sociales no derivadas de la negociación colectiva.

Un incremento del 16 por ciento para el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030, que se suma al 16 por ciento acordado en el ciclo 20232-026, supone que, en solo dos convenios, en ocho años, los profesionales acumularían un 32 por ciento de crecimiento nominal, lo que supone un 36,8 por ciento acumulado real y una previsión de ganancia de poder adquisitivo de más del 12 por ciento, muy por encima de la evolución del IPC ya experimentada y prevista por un reconocido consenso de analistas.

Salvo error por nuestra parte, no tenemos datos para poder asegurar que exista en el ámbito estatal un convenio sectorial comparable que haya consolidado una senda de incrementos tan ambiciosa y sostenida durante dos ciclos consecutivos, aunque estar equivocados sería una buena noticia para todos.

¿Por qué consideraron en la negociación del convenio actual, hace tres años, que era necesaria la progresividad en los incrementos salariales?

El actual convenio, todavía vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, se firmó en un contexto económico excepcionalmente inflacionista, con un IPC cercano al 8 por ciento en el momento de negociación del mismo. Aunque la previsión era de vuelta a ratios más habituales, no era coherente fijar un incremento inicial muy alejado del mismo, para irlo compensando posterior y anualmente durante cuatro años con subidas inferiores a ese porcentaje, pero superiores a los IPC previstos, tal como así ha sucedido.

Hoy el panorama económico está bastante más normalizado. El 90 por ciento de las empresas del sector son pymes, con márgenes muy ajustados y contratos que, desgraciadamente, dada la normativa de desindexación, no permiten repercutir ningún tipo de coste sobrevenido, como podría ser un incremento de costes salariales.

Para el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030, hemos propuesto un incremento salarial del 16 por ciento: un 3 por ciento en 2027, un 3,50 por ciento en 2028, un 4,50 por ciento en 2029 y un 5 por ciento en 2030. Si aplicáramos el incremento más alto en 2027 (5%), e incluso si se hiciera con la media total (4%), es posible que muchas empresas trabajaran por debajo del coste de los contratos vigentes donde realizan sus servicios, se pondría en riesgo la continuidad, incluso de servicios esenciales, y el empleo sufriría un impacto inmediato.

La progresividad permite que los contratos vigentes vayan renovándose y actualizando precios, asegurando que todas las empresas, en especial las pymes, puedan financiar estos incrementos de costes sin endeudarse por encima de sus capacidades y sin destruir empleo por procesos derivados de suspensiones de pago u otros más drásticos, con el impacto añadido del escaso atractivo para captar estos servicios por parte de otras empresas más solventes al ser de aplicación la comúnmente denominada Doctrina Somoza.

«Hemos propuesto un incremento salarial progresivo del 16 por ciento para el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030

La patronal ha recalcado que esta propuesta no admite contraofertas. ¿Por qué cierran así la negociación, sin dar más opciones de alternativas?

Suena muy duro ese entendimiento de lo sucedido, y para nada debe entenderse así. Cualquier profesional con cierta experiencia que tenga la responsabilidad de cerrar un acuerdo sabe que en aquellas situaciones donde se ve obligado a decidir si retira de la mesa de negociación todas sus propuestas, solo contaría posteriormente con dos opciones viables: una, retirarse de la mesa y postergar la negociación a otro momento más adecuado o, dos, seguir en una mesa donde ya solo hay propuestas ajenas, con lo que ha de asumir y entender que el concepto “negociación” –esto es, ambos renunciamos a determinadas peticiones para pactar los mejores acuerdos posibles– ya pierde todo su sentido estricto.

Llegados a este punto, si decide continuar con el proceso y no postergar la negociación a otro momento posterior, reformulando lógicamente su posicionamiento actual, ya solo se trata de aceptar todo o parte de las materias propuestas; eso sí, con la voluntad inequívoca de hacer el mayor esfuerzo posible.

Si la parte que ya no cuenta con la posibilidad de que sea tenida en cuenta alguna de sus propuestas conoce anticipada y perfectamente cuáles son sus limitaciones máximas, tan solo procede exponerlas con la máxima claridad y lo antes posible al haber desaparecido ya el proceso negociador. Y eso es lo que ha sucedido.

Para nada se trata de “dar un ultimátum” en sentido peyorativo; es sencillamente el trámite habitual del proceso cuando se plantea una situación como la descrita anteriormente.

Por otra parte, nuestra voluntad, manifestada en inicio y en repetidas ocasiones a lo largo de las sesiones de mesa, siempre ha sido materializar un acuerdo con un año de antelación al vencimiento del convenio vigente, por motivos obvios y con los también obvios beneficios que conlleva para todos, incluyendo a todos nuestros stakeholders.

Por ello, convocamos a los negociadores en la primera semana de septiembre, habiéndose mantenido nueve reuniones hasta el momento. De querer cumplir con el objetivo, y teniendo en cuenta el inicio de las festividades propias del mes de diciembre, celebrar la última reunión el día 3, y dar un plazo de análisis y valoración de la respuesta de hasta el día 19, nos ha parecido el cronograma más coherente.

¿Qué mensaje final enviaría a los profesionales del sector de la seguridad y a sus representantes sindicales en relación con el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2027-2030?

Básicamente, que esta propuesta es la mejor y mayor oportunidad de modernización del sector y de consecución de mejoras en derechos de sus profesionales en más de una década. No es una declaración de intenciones, son compromisos concretos, medibles y sostenibles, que volverán a situar al sector en una senda de necesaria estabilidad y paz social, confirmará nuevamente una tendencia en ganancia continuada del poder adquisitivo de sus profesionales y dará una suficiente visibilidad presupuestaria a largo plazo tanto a las empresas del sector como a sus clientes, lo que podría constituir los tres ejes principales sobre los que se fundamenta y hace viable el mantenimiento de este planteamiento final trasladado, siempre respetando la fecha máxima de vigencia y validez del mismo.

Y que confiamos en que la propuesta se valore con la misma responsabilidad y amplitud de miras con la que ha sido elaborada.