Prevención de los delitos de odio: formación, denuncia y coordinación como ejes de protección

La seguridad privada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las instituciones públicas y las entidades sociales comparten un reto común: mejorar la detección, la prevención y la respuesta ante los delitos de odio. Con este enfoque se celebró la jornada “Construyendo entornos seguros. Claves para prevenir y proteger de los delitos de odio”, organizada por Ilunion Seguridad el 29 de enero, un encuentro que reunió a profesionales del ámbito de la seguridad, representantes institucionales, expertos en derechos humanos y organizaciones sociales para analizar un fenómeno que continúa presentando importantes niveles de infradenuncia, especialmente en el caso de las personas con discapacidad.

En este sentido, la cita permitió revisar el marco conceptual de los delitos de odio, los canales de denuncia disponibles, las dificultades que encuentran las víctimas y las prácticas que pueden contribuir a mejorar la prevención desde los entornos laborales, sociales y de servicio.

El papel de la seguridad

La jornada fue presentada por Amaia Bengoechea, directora de Sostenibilidad de Ilunion Facility Services, y contó con la apertura institucional de Alejandro Fernández, director corporativo de Desarrollo Estratégico e Innovación de Ilunion y consejero delegado de Ilunion Seguridad e Ilunion Facility Services. En su intervención, Fernández hizo referencia a los desafíos actuales del sector de la seguridad privada, entre ellos la necesidad de reforzar la capacitación profesional, atraer talento joven y mejorar el reconocimiento social del servicio.

Durante su participación, subrayó que la seguridad es una actividad de servicio que contribuye a la protección de las personas y de los espacios, y que su valor debe ser comprendido desde una perspectiva social, más allá de la función operativa. En este contexto, señaló la voluntad de Ilunion de impulsar iniciativas que refuercen la dimensión social de la seguridad privada en España.

Identificación y denuncia

A continuación, tomó el testigo Joaquín González Salas, comandante de la Guardia Civil en la Jefatura de Información, interlocutor social central y responsable del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio Nacional (REDO). Su intervención se centró en la definición de los delitos de odio, sus características y las vías para su identificación y denuncia.

González Salas explicó que los delitos de odio están tipificados en el Código Penal y se distinguen por su motivación discriminatoria: la agresión se produce por rechazo o prejuicio hacia la víctima debido a una condición personal o social. Este componente motivacional los diferencia de otros delitos y amplía su impacto, ya que afecta no solo a la persona agredida, sino también al colectivo al que pertenece.

El comandante detalló que este tipo de delitos genera efectos que van más allá del daño físico o material, al producir miedo, inseguridad y desconfianza en el entorno. En este sentido, recalcó la importancia de la denuncia como herramienta para visibilizar el problema y facilitar la actuación policial. Recordó que la Guardia Civil dispone del teléfono 062, del servicio de denuncias y de equipos especializados como el REDO para atender estos casos.

Barreras en la denuncia

Tras la ponencia, tuvo lugar la mesa redonda “Buenas prácticas y retos en la prevención de los delitos de odio en personas con discapacidad”, moderada por Antonio Jesús Gómez Pérez, jefe de Seguridad de Ilunion Seguridad. En el debate se abordaron las dificultades específicas que enfrenta este colectivo, tanto para identificar situaciones de discriminación como para denunciarlas.

De esta forma, Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, señaló que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad requiere una aplicación efectiva de las normas, y no solo su publicación. Asimismo, apuntó a la necesidad de tener en cuenta el contexto histórico de discriminación, que influye en la baja tasa de denuncias y en la relación con los sistemas de protección.

Desde el ámbito institucional, Pilar Muniesa, jefa del Área del Sistema Estadístico y Atención a Víctimas de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, aportó datos que reflejan la magnitud de la infradenuncia. Según indicó, en 2024, nueve de cada diez delitos de odio no se denunciaron, una situación que también afecta a los casos relacionados con la discapacidad.

Además, explicó que entre los motivos para no denunciar se encuentran el miedo, la vergüenza, el desconocimiento de los recursos o la percepción de que la denuncia no tendrá consecuencias. Esta situación dificulta la elaboración de estadísticas representativas y la puesta en marcha de medidas de prevención y protección ajustadas a la realidad.

En este sentido, destacó la importancia de la formación de los cuerpos policiales y del desarrollo de procedimientos que faciliten la atención a las víctimas, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad.

Ámbito laboral

Marina Prieto, vicesecretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, abordó la dimensión laboral de los delitos de odio. Prieto explicó que los entornos de trabajo no están exentos de situaciones discriminatorias y que la desinformación y los bulos pueden contribuir a generar tensiones.

En este contexto, destacó que la negociación colectiva ha incorporado medidas específicas para la protección de las personas con discapacidad y del colectivo LGTBIQ, y señaló la necesidad de que estos aspectos formen parte de los acuerdos y de la cultura preventiva de las organizaciones.

La mesa se completó con la intervención de Lourdes Márquez de la Calleja, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, quien subrayó que la seguridad es un elemento necesario para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Márquez señaló la importancia de la colaboración entre administraciones, empresas, entidades sociales y cuerpos de seguridad para mejorar los entornos de protección.

Líneas de trabajo

La jornada fue clausurada por Jaime Calzado, director general de Ilunion Seguridad e Ilunion Facility Services, quien destacó el valor de la colaboración entre el sector privado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Calzado indicó que este tipo de encuentros permiten avanzar en la mejora de la prevención y en la construcción de entornos más seguros, mediante el intercambio de información, formación y buenas prácticas.

El encuentro concluyó con una visión compartida: la respuesta frente a los delitos de odio requiere coordinación, conocimiento y canales accesibles de denuncia, así como una implicación continuada de los distintos actores que intervienen en la seguridad y la protección de las personas.