El Ministerio de Sanidad lleva este martes al Consejo de Ministros la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud para frenar la privatización sanitaria y reforzar el control del gasto de los hospitales públicos que gestionan empresas privadas. En España existen un total de 777 hospitales (públicos y privados), de los que el 56% (432 centros) son privados y cuentan con el 31% del total de camas instaladas. Con datos de la patronal ASPE, entre el 28 % y el 42 % de la actividad hospitalaria en nuestro país se realiza en centros privados.
El anteproyecto que llega este martes al Consejo de Ministros, y que ha adelantado la Cadena SER, sustituirá a la norma de 1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, y que abrió la puerta a la privatización sanitaria con modelos como el de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid. La nueva ley busca poner freno a la privatización poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control.
Prestación pública
Con la nueva normativa, la privatización tendrá carácter excepcional de tal manera que solo se permitirá cuando no sea posible la prestación pública y cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia. Además, cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Para que las comunidades autónomas puedan concertar con la sanidad privada se establece todo un mecanismo de evaluación previo y obligatorio. Deberán justificar en un informe la necesidad de esa colaboración público-privada. El informe de privatización será analizado por un comité de expertos y técnicos. Se priorizarán los conciertos con entidades no lucrativas frente a las empresas que busquen hacer negocio.
Construir el hospital
La norma va a prohibir los contratos en los que la empresa privada se encarga de construir el hospital y, además, se hace cargo de la gestión del centro. Además, la Alta Inspección sanitaria podrá aconsejar a las comunidades sobre cómo pueden realizar el proceso de reversión de servicios externalizados en lo que atañe a la vuelta a lo público de los hospitales privados. Un grupo de expertos realizará un estudio sobre todos los casos de privatización de hospitales y centros.
La ley incluye, finalmente, medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y el control público sobre la prestación del servicio. Las comunidades deberán publicar periódicamente información detallada sobre contrataciones, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. La ley no será de aplicación a los conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor que se regirán por las normas vigentes en el momento de la adjudicación.
En España, con datos de la patronal ASPE, existen un total de 777 hospitales (públicos y privados), de los que el 56% (432 centros) son privados y cuentan con el 31% del total de camas instaladas. Entre el 28 % y el 42 % de la actividad hospitalaria se realiza en centros privados, lo que desglosado por áreas de actividad supone el 33% del total de las intervenciones quirúrgicas, el 24,5% del total de urgencias atendidas, el 21,6% de las consultas, o el 22,6% de los ingresos hospitalarios.
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