El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto destinado a eliminar las barreras que todavía impiden que un sector de los inmigrantes en situación irregular pueda acceder a la sanidad pública. Al llegar al poder, en 2018, Pedro Sánchez ya aprobó una normativa para recuperar la universalidad del sistema sanitario, que Mariano Rajoy había laminado en 2012. Sin embargo, contemplaba requisitos que dejaban fuera a algunos colectivos: todos aquellos que no pueden demostrar que llevan tres meses residiendo en España.
Para abrir definitivamente las puertas de los centros de salud y los hospitales a todos los inmigrantes, el nuevo real decreto reconoce el derecho con una mera declaración responsable del solicitante, donde afirme que no cuenta con cobertura sanitaria por otra vía, que no se puede exportar ese derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. De forma paralela, para demostrar su residencia en España, aunque el empadronamiento sigue siendo el documento preferente, se aceptarán otros medios de prueba como certificados de escolarización en colegios o institutos, informes de los servicios sociales, facturas de luz, agua, telefonía o internet o células de inscripción o documentos del consulado.
Válido en todas las comunidades
Además, para evitar interrupciones en la atención o malentendidos, el real decreto especifica que, en el mismo momento de presentar la solicitud en cualquier centro sanitario, se dará al interesado un documento provisional que permitirá el acceso a la asistencia sanitaria, con cargo a fondos públicos y de manera inmediata, mientras se resuelve su expediente, que será válido en todas las comunidades. Y si la persona está gravemente enferma, se establece que las administraciones competentes deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando el solicitante no pueda hacerlo en el primer momento de la atención sanitaria.
La administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente y enviar al interesado una tarjeta sanitaria definitiva. Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se entenderá como estimada por el silencio administrativo. Y, una vez reconocido el derecho, este no tendrá caducidad mientras la persona no se obtenga cobertura sanitaria por otra vía.
Colectivos vulnerables
Al mismo tiempo, el real decreto garantiza el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria, independientemente de su situación administrativa, a varios grupos vulnerables, como los menores y las mujeres embarazadas, para asegurarles asistencia antes, durante y después del parto. Además, se reconoce a las mujeres extranjeras sin papeles el derecho a abortar, de acuerdo con la ley española. También se dará acceso inmediato a la sanidad a las víctimas de las violencias machistas y a los solicitantes de protección internacional o temporal, al tiempo que se establecen medidas para que las personas con discapacidad dispongan de formatos accesibles y del apoyo necesario para realizar sus trámites en igualdad de condiciones.
Por otro lado, el real decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, amplía la protección a los españoles de origen, residentes en el exterior, durante sus desplazamientos temporales a España. Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores. Y con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares (cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo), siempre que no tengan la cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social.
Universalidad «plena y efectiva»
«Con el nuevo real decreto damos un paso decisivo para que la universalidad sea plena y efectiva. A partir de ahora, la asistencia sanitaria comienza desde el momento en el que se presenta la solicitud. Nadie tendrá que esperar meses para poder ir a su médico […] y evitamos que alguien sea atendido y luego reciba la factura por no haber hecho el papeleo», ha subrayado la ministra de Sanidad, Mónica García.
A su juicio, con esta iniciativa y la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes, «España reivindica una sociedad que cuida, basada en la solidaridad, la convivencia y la defensa de la vida», precisamente en un momento en el que en muchos sitios «avanza la ultraderecha, el racismo y la exclusión».
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