El Tribunal Supremo dictaminó ayer que una persona está legitimada para recurrir ante la justicia la concesión de la muerte digna de un tercero si tiene una «vinculación particularmente estrecha» con el solicitante de la muerte asistida, algo que, para la entidad Dret a Morir Dignament (DMD), «no pone en peligro en absoluto la ley de la eutanasia», pero sí que es «una manera de minimizarla». Así lo dice Cristina Vallès, presidenta de DMD, en EL PERIÓDICO. La entidad ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para expresar su opinión contraria al dictamen del Supremo, que resolvió ayer en contra de la Generalitat de Catalunya en el caso de Francesc, el hombre de 55 años y víctima de cuatro ictus y dos infartos tras la decisión de su padre, ya nonagenario, de intentar suspender su eutanasia.
«No nos sorprende la decisión del Supremo, pero no nos parece una respuesta correcta. La eutanasia es un derecho fundamental, personalísimo, lo que supone que solo tú puedes decidir sobre tu propia vida y final de vida», defiende Vallès. Para ella, «dar entrada a terceros» —»aunque sea de manera restrictiva, pues según el Supremo solo pueden ser familiares directos con una relación afectiva»— supone despojar a la ley de su propio «espíritu», el cual estipula que «solo la propia persona puede decidir sobre sí misma».
«La eutanasia es un derecho fundamental, personalísimo: solo tú puedes decidir sobre tu propia vida y final de vida»
Vallès recuerda, no obstante, que de todas las eutanasias realizadas en España desde la entrada en vigor de la ley en 2021 —unas 1.500 en España y de estas, 361 en Catalunya—, «solo dos casos se judicializaron»: el de Noelia Castillo y el de Francesc Augé. «El porcentaje es muy pequeño, por lo que la decisión del Supremo no entorpece el funcionamiento de la ley. Pero sí que supone alargar el sufrimiento de estas personas», advierte Vallès, quien aplaude que el Parlament de Catalunya enviara recientemente al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la ley de eutanasiacon el objetivo de acotar a un máximo de 20 días los recursos judiciales que pueden bloquear el acceso a la muerte digna.
Comunicado de la entidad
A raíz de la decisión del Supremo, Dret a Morir Dignament ha enviado un comunicado en el que critica que, «más allá del debate jurídico, esta situación tiene consecuencias muy reales sobre las personas afectadas». «Sabemos que los casos judicializados son excepcionales y que representan un porcentaje muy pequeño sobre las más de 361 eutanasias que se han realizado en Catalunya, pero judicializar una eutanasia significa alargar el sufrimiento de personas que ya se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad física o emocional», dice el texto.
«Casos como los de Francesc Augé o Noelia Castillo no deben repetirse. Mantener una eutanasia bloqueada durante meses o años es innecesario y cruel»
«También implica someterlas a procesos largos, inciertos y dolorosos, a menudo en medio de conflictos familiares y con la incertidumbre constante de no saber cuándo podrán ejercer un derecho que ya tienen reconocido. El caso de Francesc es un ejemplo especialmente grave. Lleva casi dos años esperando poder ejercer un derecho que ya había sido autorizado, mientras su caso continúa bloqueado en los tribunales», añade.
Además, advierte de que, «si finalmente el Tribunal Supremo desestima el recurso del abogado de la Generalitat, debería reanudarse el proceso judicial y seguir todos los trámites, con la intervención de las partes, la práctica de la prueba, etcétera, hasta dictar una sentencia que resuelva el fondo del asunto». «Pedimos a los grupos parlamentarios del Congreso que tramiten la reforma de la ley con carácter urgente para evitar que casos como los de Francesc o Noelia vuelvan a repetirse. Mantener una eutanasia bloqueada durante meses o años es innecesario y cruel», concluye el comunicado.
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