Amnistía Internacional (AI) ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de diversos cuerpos de policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la jornada de huelga general por la vivienda del pasado 11 de noviembre.
Los casos incluyen golpes de porra en la cabeza y la parte superior del cuerpo y contra personas de espaldas que huían de los agentes o se encontraban en el suelo, así como el uso de gas pimienta contra personas pacíficas, en ocasiones a muy corta distancia, según recoge un informe de la organización difundido este viernes.
Estas actuaciones, según la ONG, son «incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la policía en una manifestación». AI ha advertido de que este tipo de comportamientos forman parte de un «patrón» en la actuación de las fuerzas de seguridad que la organización ha denunciado desde hace más de una década, y que se ha intensificado en el último año.
Amnistía valora de forma positiva el anuncio del Ministerio del Interior de revisar el uso de gas pimienta en las manifestaciones, pero pide una investigación independiente que alcance a la cadena de mando y con conclusiones públicas.
Tras las denuncias de manifestantes, organizaciones y sindicatos el día de la huelga y posteriores, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Dirección General de la Policía investigar las cargas policiales y «las distintas incidencias ocurridas», y dio orden de que no se use gas pimienta en las manifestaciones.
Heridos en los piquetes
El informe de AI recoge, por ejemplo, que durante la mañana del 11 de noviembre se registraron al menos 36 heridospor la acción de los agentes contra los piquetes informativos: dos por golpes de porra en la cabeza y decenas por contusiones en el resto del cuerpo e irritaciones oculares. Cinco tuvieron que ser trasladadas al hospital: tres en Málaga, una Zamudio (Bizkaia) y otra en Granada.
El documento recoge varios casos, como en las instalaciones de Amazon en Alicante; en Mercamadrid y en varias cocheras de los autobuses públicos (Entrevías, Fuencarral, Carabanchel), así como en la Gran Vía en Madrid; en el piquete de las vías del Metro en Granada; a la salida de El Corte Inglés en Castellón y en otras ciudades como Vitoria y Portugalete (Vizcaya).
Las agresiones han dejado secuelas. La secretaria de Juventud de CCOO, Pau García, a quien le rociaron la cara con gas pimienta en las cocheras de Fuencarral (Madrid) y fue golpeada en todo el cuerpo, sufre insomnio y crisis de ansiedad. Otro joven, de 24 años, recibió varios porrazos al intentar cubrirse y sufrió una fractura doble en el dedo índice, y necesitará una operación.
AI recuerda que los piquetes informativos «forman parte del ejercicio del derecho de huelga y del derecho de reunión pacífica», y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que «las autoridades y la sociedad deben tolerar cierta perturbación mientras la protesta sea pacífica».
Cargas al final de la manifestación en Madrid
Amnistía también recoge lo sucedido al final de la manifestación en Madrid, en la que participaron decenas de miles de personas.
La Policía Nacional decidió cortar el paso a la multitud en Gran Vía y no permitir que llegar a Plaza de España, final del recorrido, una vez que la cabezera había pasado ya. Después, cargó contra la multitud, en la que incluso había familias con niños, sin previo aviso y usando material antidisturbios, como gas lacrimógeno y balas de goma.
La ONG ha entrevistado a más de una decena de manifestantes que han explicado que no sabían que la manifestación hubiera termiinado, ni recibieron aviso de dispersarse por parte de la Policía antes de la primera carga.
Según el informe, los agentes lanzaron el gas contra una multitud pacífica en calles con vías de salida limitadas por la propia presencia policial y las personas entrevistadas describen quemazón, irritación y dificultad para respirar y ver.
Además, los agentes usaron las porras y las pelotas de goma contra personas que huían de ellos. Es el caso de Daniel Díaz, de 25 años, que recibió el impacto de una pelota de goma en el omóplato, o Carlos García, fiscal de 54 años, que indicó a la Policía que solo quería coger el metro y, a pesar de que un agente le hizo un gesto afirmativo, al pasar por su lado le golpeó con la porra en la pierna.
AI recuerda que el gas lacriógeno tiene un efecto indiscriminado y por eso debe usarse como útimo recurso, tras avisos claros y dejando salidas para que la gente pueda dispersarse, y concluye que en Madrid no se dieron estas circunstancias.
Sobre las pelotas de goma, AI subraya que «dispararlas a corta distancia o contra personas que huyen es totalmente incompatible con las Directrices del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el empleo de armamento menos letal».
La ONG llama la atención también sobre lo sucedido en Barcelona, donde los manifestantes detectaron la presencia de un grupo de entre 30 y 40 personas, vestidas de forma similar y encapuchadas, a los que identificaron como policías infiltrados.
El momento está recogido en un vídeo que ha circulado ampliamente por redes sociales, y se ve como al saberse identificados, varios de los individuos sacan porras extensibles. Agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra sobrepasaron a este grupo para cargar contra los manifestantes sin que se hubiera producido ningún altercado.
AI considera que «la presencia de agentes de paisano para prevenir o detectar delitos puede ser legítima, pero debe ajustarse a garantías estrictas», y no pueden cometer delitos. «Un grupo numeroso, encapuchado, con porras extensibles y sin identificación, que actúa en bloque dentro de una protesta pacífica, plantea serias dudas sobre su finalidad y puede disuadir del ejercicio del derecho de reunión«, lamenta la ONG.
Agresiones a periodistas
AI también ha documentado agresiones policiales a periodistas que cubrían la jornada de huelga y estaban claramente identificados, como Raquel y Miguel Ángel, del periódico El Salto; Alejandra Martínez Velasco, de Canal Red; María Escolar, de la cadena de televisión La Séptima o Graciela García, compañera de RNE, que narró lo sucedido en los micrófonos de Las mañanas de RNE.
«La huelga general del 11 de noviembre fue, en su inmensa mayoría, una jornada de protesta pacífica», afirma AI. Pese a que algunas personas cometieron actos de violencia, como ocurrió en Barcelona al terminar la manifestación, las fuerzas del orden deben «responder a esa violencia de forma específica y proporcionadacontra quienes la ejercen, según los estándares internacionales«. «Los hechos aislados de violencia no convierten una protesta en no pacífica ni justifican el uso de la fuerza contra quienes se manifiestan pacíficamente», insiste.
Un patrón de las fuerzas de seguridad
Amnistía Internacional denuncia que estas actuaciones siguen un patrón en las fuerzas de seguridad de España que se repite desde hace más de una década, y que se ha intensificado en el último año.
La ONG pone como ejemplos, entre otros, la carga policial del pasado 13 de noviembre en un mitin de Vox en Toledo; la violencia contra profesores y alumnos en la huelga por la Educación Pública en Madrid, o la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao en mayo contra activistas de la Flotilla a Gaza.
El informe de AI sobre el 11N termina con una serie de peticiones dirigidas al Ministerior de Interior, a los departamentos de Interior de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno vasco (responsables, respectivamente, de los Mossos d’Esquadra y de la Ertzaintza), y a los partidos políticos.
Entre otras solicitudes, AI pide una investigación «efectiva» de lo sucedido; revisar los protocolos sobre el uso de la fuerza; adoptar protocolos públicos para los gases lacrimógenos y el uso de gas pimienta; limitar el uso de las porras; prohibir las balas de goma; que todos los agentes vayan debidamente identificados y que se proteja la labor de los periodistas.
También pide reformar la conocida como ‘Ley mordaza’ de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
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