La Fiscalía de Barcelona ha abierto por primera vez diligencias para investigar, por la vía penal, las torturas de la policía franquista, a raíz de la denuncia de una persona que fue detenida en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona.
Según ha informado en una nota de prensa, la Fiscalía ha abierto esta pionera investigación en virtud de la nueva ley de memoria democrática, que insta a llevar a cabo diligencias que permitan satisfacer «el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías», que son «pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos» y que se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva por el art. 10.2 de la Constitución.
Además, el Ministerio Fiscal, también ha destacado en su escrito que en actuaciones anteriores, «ya había sostenido el criterio de que, en aplicación de la nueva ley, es necesario llevar a cabo una investigación efectiva cuya finalidad última no tiene por qué ser la persecución penal, sino garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso».
Dos juzgados rechazaron investigar las querellas
Las diligencias penales de la Fiscalía se abren después de que dos juzgados de Barcelona, con el aval de la Audiencia, rechazaran investigar sendas querellas por torturas -presentadas por el sindicalista Carles Vallejo y los antifranquistas hermanos Ferrándiz-, argumentando que así lo impide la ley de amnistía de 1977 y que, además, ese delito ha prescrito.
Tras esos archivos, Blanca Serra presentó directamente ante el ministerio público una denuncia en la que mantenía que había sido torturada junto a su hermana Eva, ya fallecida, las cuatro ocasiones en que fue detenida durante la Transición: en febrero de 1977 -antes de las primeras elecciones generales y la aprobación de la ley de amnistía- y en 1980, 1981 y 1982, ya en democracia.
En ambas querellas archivadas por la justicia, la Fiscalía defendió que las torturas del franquismo debían ser investigadas en base a la nueva ley de memoria, aunque su objetivo último no fuera la «persecución penal» de los autores, sino «garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso».
De hecho, en una de sus resoluciones la Audiencia de Barcelona instaba a la Fiscalía a investigar las torturas de la policía franquista en la Via Laietana de Barcelona pero fuera de la vía penal, a través de un proceso de «establecimiento de la verdad».
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