Los propietarios de las dos discotecas de Murcia incendiadas en 2023 y en las que murieron 13 personas se han negado a declarar este martes ante la jueza. La instrucción se prolongará después de que los abogados de las víctimas hayan solicitado que se amplíe la investigación para dilucidar posibles delitos contra los derechos de los trabajadores. En el momento de los hechos, había doce empleados en las discotecas afectadas, algunos presuntamente contratados de forma ilegal. Tras escuchar a las partes en sucesivas visitas, la jueza tendrá que decidir si accede a esta petición.
Los tres responsables de la sala Teatre, Juan I.R; Marco M.A. y Eva M., y el gerente de La Fonda Milagros, Daniel R.R., están ya imputados por homicidio imprudente después de que el fuego dejase 13 muertos y 24 heridos en los establecimientos, la peor tragedia en un local de ocio en España desde 1990.
La acusación lamenta la «permisividad»
Una de las víctimas mortales no consta como trabajadora porque no estaba dada de alta, aunque su abogada, Rosa Egea, sostiene que desempeñaba una actividad laboral. En declaraciones a los medios a la entrada de la Ciudad de la Justicia, la letrada ha asegurado que «la administración ha sido muy permisiva» al permitir que estas salas se mantuvieran abiertas «cuando no cumplían ni siquiera con el recorrido de evacuación».
Ha destacado que, según el criterio de la arquitecta pericial, las personas que estaban en los palcos de La Fonda Milagros hubieran podido salvar sus vidas de haber existido una segunda escalera. «Cuando se dividieron las salas, funcionaban de manera independiente, por lo que no podían utilizar un único recorrido de evacuación«, ha apuntado. También ha insistido en la gravedad de contar con trabajadores irregulares, sobre lo que ha considerado que existen «muchos indicios». El pasado 6 de marzo, trabajadores de Teatre señalaron que no habían recibido formación en prevención de incendios y corroboraron carencias en las medidas de seguridad y evacuación de la discoteca.
Los imputados niegan irregularidades
Los cuatro imputados se han negado a declarar y tampoco han atendido a los periodistas al salir de la comparecencia. Uno de los abogados de La Fonda Milagros, Francisco Adán, ha explicado a los medios a la salida de la vista que no habían tenido conocimiento de los motivos de la imputación hasta esta misma mañana del martes. Para continuar con el proceso, la defensa solicitará «una serie de diligencias de prueba testificales de trabajadores» y, una vez se practiquen, pedirá la declaración del propietario del local.
El otro abogado de la sala, Francisco Javier Verdú, ha destacado que durante la investigación policial se prestaron a dos comparecencias voluntarias en las que aportaron la formación en prevención de riesgos laborales «de todos y cada uno de los trabajadores». Niega que, como estima la Inspección de Trabajo, una de las fallecidas fuera empleada: «Discrepamos de esas conclusiones porque una cosa es estar allí y otra realizar una actividad laboral a efectos penales».
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