El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de 57 millones de euros entre las comunidades que se destinarán a implementar dos planes complementarios: el referido a la salud mental y el primer plan estatal contra el suicidio, aprobados este semestre en el Consejo Interterritorial de Salud. Se trata, según ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García, del «mayor esfuerzo inversor del Gobierno español en salud mental», con fondos que complementarán a los que ya destinan las autonomías.
En concreto, el Gobierno ha aprobado repartir 39 millones para ejecutar el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, que se financiarán a cargo de los presupuestos de este ejercicio, y que las comunidades deberán destinar a las líneas estratégicas aprobadas por el Gobierno y las autonomías el pasado 4 de abril. En un inicio, las administraciones territoriales gobernadas por el PP tumbaron el documento, dado que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental mostró su desacuerdo con varias de las medidas de la estrategia, especialmente las destinadas a la deprescripción y uso racional de los medicamentos.
Pero tras incorporar algunas modificaciones, la hoja de ruta estatal se aprobó el pasado 4 de abril en Toledo y contiene ocho líneas estratégicas de actuación, que deben vertebrar la política pública en salud mental en los próximos años.
Entre ellas, destaca la necesidad de reforzar el personal, dada la escasez de psicólogos existente en el sistema público; buscar alternativas a la institucionalización, evitar intervenciones involuntarias o promover un uso adecuado de psicofármacos y la deprescripción cuando esté indicada, dado que España es uno de los países líderes en consumo de antidepresivos. «Nos inquieta ver cómo se dispara el consumo de psicofármacos, especialmente en jóvenes y mujeres, por eso vamos a trabajar en un uso más racional, para que todo sufrimiento no se convierta en una pastilla por defecto», ha argumentado la ministra.
Al mismo tiempo, el nuevo plan contempla programas especializados en infancia y adolescencia o actuaciones que promuevan el mantenimiento laboral de personas con trastorno mental.
El plan contra el suicidio
De forma complementaria, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 17,8 millones entre las comunidades para la implementación del primer plan estatal contra el suicidio durante el presente ejercicio. Dicha estrategia contempla la puesta en marcha de campañas de concienciación e información sobre el suicidio, contra la discriminación y el estigma.
Asimismo, se desarrollarán programas destinados a fortalecer el bienestar emocional de personas mayores, cuidadores, el colectivo LGTBIQ y personas en situación de exclusión social, así como medidas de apoyo para familiares que hayan perdido a un ser querido por suicidio.
El plan contempla también la reforma de las urgencias en los hospitales para mejorar la accesibilidad de personas en crisis de salud mental y el refuerzo de los equipos de atención telefónica especializada.
Atención Primaria
Por otra parte, la reunión ministerial ha aprobado repartir 172,4 millones de euros entre las administraciones territoriales para el desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, la hoja de ruta estatal destinada a fortalecer el primer nivel asistencial, que tiene importantes déficits de personal y recursos, por lo que acumula largas listas de espera.
El plan contempla medidas para ampliar los procedimientos diagnósticos, reducir la carga burocrática que enfrenta el personal sanitario, impulsar el uso de inteligencia artificial o renovar infraestructuras y equipamiento clínico.
Asimismo, los fondos se destinarán a implementar programas de detección de violencia de género en las consultas -«el lugar donde acuden las mujeres y tenemos que tener radares para detectar la violencia», según ha explicado la ministra- o fomentar la interoperatividad de las historias clínicas.
«La Atención Primaria es un eslabón fundamental del sistema sanitario, pero es un eslabón que necesita refuerzo», ha subrayado García.
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