La OMS lleva más de 20 años pidiendo a los países miembros incluir los trastornos mentales en el listado de enfermedades profesionales, pero prácticamente ningún país ha dado este paso. Sin llegar tan lejos de modificar el listado, el Gobierno ha presentado este miércoles una hoja de ruta destinada a avanzar en este camino y poner en marcha, por primera vez, en los consultorios médicos estrategias específicas para prevenir, detectar y atender las patologías mentales provocadas por empleos precarios, horarios infernales, condiciones laborales duras o jefes abusivos.
Según el informe PRESME, elaborado por el grupo de expertos en precariedad laboral y salud mental coordinado por el Ministerio de Trabajo, el 26% de los trastornos mentales comunes de la población española podrían atribuirse a condiciones laborales adversas, como falta de control sobre el trabajo, exigencias excesivas, inseguridad o falta de apoyo. Ante ello, los especialistas calculan que en 2022 unos 170.000 cuadros depresivos podrían haberse evitado si no existieran formas de precariedad laboral, inseguridad contractual o bajos ingresos.
El informe destaca además que alrededor del 60% de los trabajadores expuestos a condiciones psicosociales negativas tienen síntomas de sufrimiento psíquico, como ansiedad o depresión. Y las mujeres presentan una prevalencia mayor, debido a su concentración en sectores con peores condiciones laborales y una carga adicional por desigualdades de género dentro y fuera del entorno laboral, asociada en muchos casos a la carga de los cuidados.
Por último, destaca un dato importante: las bajas laborales por problemas de salud mental han crecido un 70% desde la pandemia, hasta las 643.681 en 2024, en un contexto de aumento generalizado de las bajas por incapacidad temporal por todo tipo de motivos. Se trata de un problema que preocupa tanto a las empresas como a la propia Administración. Traducido en coste económico, los trastornos de salud mental representan el 1,5 % del PIB, según Díaz.
Las acciones
En este contexto, las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este miércoles la hoja de ruta ‘Trabajo y salud mental’, un informe técnico que reconoce que el trabajo influye en la salud mental de la población e incorpora medidas destinadas a prevenir y afrontar la problemática. Para poder visibilizar y actuar sobre ello, el texto analiza los principales riesgos psicosociales laborales, como las altas exigencias emocionales, la falta de autonomía, el acoso y la injusticia organizativa y su relación con problemas como ansiedad, depresión, trastornos adaptativos y de sueño.
Una de las medidas que plantea el informe es que las condiciones laborales figuren en el historial clínico de los pacientes por su enorme impacto en la salud mental. En este sentido, Sanidad recomendará a los médicos que pregunten por la situación laboral de los pacientes que acudan con síntomas de problemas mentales, valoren si el trastorno tiene origen laboral y lo codifiquen en la historia clínica, con consentimiento el paciente.
Díaz se ha comprometido, además, a trabajar en el seno del Gobierno para que los trastornos mentales sean considerados dentro de las enfermedades profesionales, si su origen está en el entorno laboral.
Asimismo, se apuesta por desterrar la fórmula de prescribir un fármaco al paciente sin tener en cuenta las causas laborales, y en su lugar propone la «prescripción social» como una estrategia en aquellos casos donde el abordaje no deba ser exclusivamente clínico. «Ya no se le despachará con un ansiolítico, sino que se concluirá que el paciente necesita recursos sociales, apoyo comunitario, quizás un sindicato», ha detallado García.
Finalmente, el informe propone crear un sistema de vigilancia epidemiológica de los trastornos mentales de posible origen laboral entre los servicios de salud pública, salud laboral y atención primaria, que permita la recogida sistemática de datos que arrojen luz sobre este problema.
Nuevos derechos
«El agotamiento no se cura solo con terapia, sino con derechos«, ha argumentado la ministra de Sanidad, poniendo como ejemplo medidas en beneficio de los trabajadores como la reducción de la jornada laboral o el aumento del salario mínimo.
Mientras que la ministra de Trabajo ha invitado a la patronal y los sindicatos a que, en el debate sobre el absentismo que ha provocado el aumento de bajas laborales, se hable también del «absentismo involuntario», dado que muchos trabajadores solicitan un permiso debido a que están sometidos a una «presión insoportable» o a condiciones laborales indignas.
En los próximos meses, esta estrategia se verá completada, según han informado ambas ministras, con nuevos documentos técnicos, acciones formativas y mecanismos de coordinación a distintos niveles, con el fin de promover cambios en el abordaje de este problema y prevenir su aparición.
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