La Alianza Civil contra el Fuego, formada por seis entidades de distintos ámbitos, desde técnicos hasta vecinales y rurales, ha presentado en Madrid un contundente manifiesto con un objetivo común: reforzar con urgencia la protección contra incendios en el parque edificatorio español.
Durante la rueda de prensa, portavoces de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (Afelma), Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), y la Asociación Española de Municipios y Provincias de Montaña (esMontañas) han alertado del preocupante aumento de los siniestros en edificios. En los últimos 30 años, los incendios en fachadas de grandes construcciones se han multiplicado por siete y las muertes en viviendas siguen creciendo. Solo en 2022 se contabilizaron 176 fallecimientos por fuego en el hogar.
Alegatos de los portavoces
En este sentido, Gabriel Muñoz, director gerente de APTB, subrayó que «instalar detectores de humo en viviendas, como ya es obligatorio en gran parte de Europa, sería una medida poco costosa y muy efectiva para reducir las víctima», e hizo hincapié en la falta de concienciación ciudadana: «Esta campaña nace para salvar vidas».
Desde la Fravm, su presidente Jorge Nacarino advirtió que «los incendios están claramente vinculados con la pobreza energética y afectan especialmente a mayores que viven solos». Por ello, reclamó que las obras de rehabilitación incluyan criterios actualizados de protección contra incendios.
En clave rural, Miguel Gracia, presidente de esMontañas, alertó de la creciente continuidad entre zonas urbanas y forestales: «Los grandes incendios urbanos en invierno se producen en pueblos de montaña, especialmente durante las vacaciones en zonas de esquí, y el 30 por ciento de la masa forestal española está sin cuidar, actuando como combustible».
Mónica Herranz, secretaria general de Afelma, hizo un llamamiento urgente: «La legislación debe poner el foco en los materiales constructivos. No puede hablarse de edificación sostenible si se utilizan productos combustibles». En este sentido, la Alianza propone reformar el Código Técnico de la Edificación (CTE) para prohibir estos materiales en edificios de más de 18 metros de altura y establecer criterios claros para definir edificaciones de riesgo.
Por su parte, Enrique García, portavoz de comunicación y asuntos públicos de la OCU, denunció que «la normativa es insuficiente, desactualizada y poco transparente». Exigió inspecciones periódicas, sanciones por incumplimiento, y campañas informativas accesibles para toda la población, así como obligaciones claras para aseguradoras y promotores en cuanto a sistemas de alarma y detección.
Propuestas clave del manifiesto de la Alianza Civil
Entre las medidas planteadas por la Alianza destacan:
- Reformar el CTE para exigir materiales no combustibles en edificios de gran altura y evacuación compleja.
- Hacer obligatorias las puertas cortafuegos y escaleras protegidas en edificios con dificultades de evacuación.
- Lanzar una campaña nacional de formación y prevención ciudadana.
- Incorporar tecnologías de detección inteligente y alerta temprana.
- Establecer planes de evacuación específicos para personas mayores y con discapacidad.
- Monitorizar de forma continua los sistemas de protección activa.
- Adoptar medidas más eficaces para proteger edificios cercanos a zonas forestales.
La presentación llega en un momento clave, con el Ministerio de Vivienda revisando tanto el CTE como la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que incluirá nuevos criterios de protección contra incendios.
«Necesitamos edificios seguros, eficientes y confortables, sin renunciar a la seguridad», concluyó Herranz, reiterando la disposición de la Alianza a colaborar con instituciones, partidos y profesionales del sector para avanzar hacia una normativa integral y moderna.
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