Los incendios de Galicia, Ourense, León y Zamora provocan las mayores emisiones de carbono en España desde al menos 2003

Los incendios que han azotado el noroeste peninsular español durante la primera quincena de agosto han provocado un aumento excepcional de las emisiones de carbono. Según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS), a principios de mes, las emisiones acumuladas de carbono por incendios forestales en España se situaron por debajo de la media estacional, a pesar de varios incendios activos. Sin embargo, en tan solo unos días, una actividad de incendios sin precedentes en varias comunidades como Castilla y León o Galicia han elevado las emisiones totales de incendios forestales del país para 2025, convirtiéndose en el total anual más alto en los 23 años registrados en el conjunto de datos del CAMS.

Las observaciones de la red española de vigilancia de la calidad del aire y del sistema de predicción y vigilancia del CAMS muestran que la calidad del aire en una amplia región de España se ha deteriorado, con concentraciones de partículas finas PM2.5 muy por encima de las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (que establecen una media de 24 horas de 15 picogramos por metro cúbico para PM2.5). Todo ello provocado porque el humo se ha propagado cientos de kilómetros, reduciendo la calidad del aire mucho más allá de las zonas de incendio inmediatas.

Concretamente, las partículas de ceniza de los incendios en la península Ibérica se ha propagado por Francia, el Reino Unido y Escandinavia, sumándose al humo de los incendios forestales canadienses que cruzan el Atlántico.

Por todo ello, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha advertido este martes de que el humo de los incendios forestales está asociado a aumentos de mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares. Así se ha mostrado la sociedad, que ha querido expresar su preocupación ante la ola de incendios forestales y las elevadas temperaturas que afectan a España y que, por el momento, ya han arrasado más de 300.000 hectáreas.

Además, la SEE señala que estos incendios emiten partículas altamente tóxicas que pueden llegar a miles de kilómetros de distancia y cuyos efectos se relacionan con ingresos hospitalarios, partos prematuros e incluso bajo peso al nacer.

Asimismo advierte sobre el riesgo de seguridad alimentaria y malnutrición, el acceso a agua potable, así como el riesgo que estos incendios suponen para las personas trabajadoras al aire libre y/o para las que trabajan en la propia extinción de los fuegos.

La sociedad científica subraya que ciertos fenómenos meteorológicos como las inundaciones, los incendios forestales o las olas de calor pueden afectar a la salud mental. En este sentido, desde la SEE recuerdan que España también ha vivido una ola de calor de 16 días de duración, una de las más largas de la historia, y que ha puesto en riesgo la salud de la población más vulnerable.

«Los incendios forestales, además, contribuyen a la despoblación, en zonas ya muy afectadas por ese fenómeno, lo cual tiene también consecuencias directas sobre la salud de la población, como desplazamientos y desarraigos, pérdidas sociales, o menor acceso a servicios asistenciales sanitarios, entre otras», añade.

Para la SEE, la convergencia entre incendios de gran magnitud, deforestación y cambio climático constituye «una amenaza real y creciente para la salud pública». Independientemente del origen de los fuegos, la SEE advierte de que el cambio climático potencia su virulencia y dificulta su extinción. De hecho, señala que los incendios forestales aumentarán un 30% para 2050 y un 50% para fin de siglo debido a la crisis climática, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

«Los incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos, que serán cada vez más frecuentes, son una amenaza global que requiere de preparación y respuesta inmediata», apunta la SEE, al tiempo que recuerda la importancia de contar con herramientas y planes de actuación que integren la perspectiva de salud pública.

Por ello hacen un llamamiento a reforzar, también desde la salud pública, la vigilancia, la prevención y la protección de la población con mayor riesgo: personas mayores, menores de edad, personas sin hogar o en riesgo habitacional, o con enfermedades crónicas. «Ante esta y otras catástrofes, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad debe ser una prioridad, garantizando el acceso a medicamentos, alimentación adecuada y apoyo psicológico», agrega.