La 'guerra silenciosa' contra los bulos y los discursos de odio: así operan Policía Nacional y Guardia Civil

Discursos de odio: ¿cómo se detectan?

El mundo virtual ha multiplicado los riesgos asociados a la propagación de discursos de odio y mensajes extremistas. Ante esta realidad, las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a trasladar parte de su labor preventiva y de control al espacio digital. Así lo explica a VerificaRTVE el jefe de grupo en el área de Ciberamenazas de la Comisaría General de Información de Policía Nacional: «Igual que estamos presentes en el mundo físico a través de nuestros agentes uniformados, también tenemos que estar presente en el ámbito virtual».

¿Y cómo rastrea Policía Nacional las publicaciones que potencialmente difunden odio? El jefe del grupo central EVO (Equipos de Extremismo Violento y Odio) de la Comisaría General de Información expone que se realiza principalmente a través de tres vías. La primera son «las labores de ciberpatrullaje y tecnovigilancia en redes sociales que realiza la Policía Nacional con especial celo en la detección temprana de posibles casos que impliquen un riesgo para la seguridad ciudadana», asegura este inspector. En segundo lugar, «a través de canales de colaboración ciudadana a los que se puede acceder mediante la página web de Policía y en buzones gestionados por otros organismos como la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odios». También con aplicaciones móviles como Alertcops, donde «se puede encontrar un botón para reportar directamente delitos de odio». La tercera vía es «la denuncia formal en dependencias policiales«. Según indica este inspector, «lo más efectivo es personarse en dependencias policiales ya que el policía recabará los detalles precisos para iniciar una investigación, además de proporcionar al ciudadano el asesoramiento oportuno».

Paso a paso del rastreo de los mensajes de odio en Internet

Rastrear mensajes de odio en la red es un proceso que combina tecnología avanzada y análisis humano. Las fuerzas de seguridad utilizan herramientas de monitorización digital y técnicas OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), pero son los analistas quienes valoran el contexto y el impacto real de esos comentarios.

– Herramientas digitales y participación de analistas expertos

Desde la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el comandante Salas explica a VerificaRTVE que «utilizan herramientas avanzadas de análisis de redes sociales a través de software especializado en OSINT y SOCMINT [inteligencia de redes sociales]». Señala que esto permite «analizar una ingente cantidad de información que circula por la red». Desde el área de Ciberamenazas de la Policía Nacional también inciden en el papel de la inteligencia artificial en esta tarea. Su jefe de área indica que esta tecnología «dota a los agentes de unas capacidades potenciadas para la detección, investigación y análisis». En este sentido, aclara que «no se trata de un sistema autónomo, siempre es el agente el que valora, supervisa y decide cuáles son las actuaciones pertinentes en cada momento«. El comandante Salas también resalta la importancia del trabajo humano en este tipo de investigaciones destacando la capacidad de los analistas expertos en «determinar el contexto en el que se producen los comentarios y valorar el posible impacto que puedan tener más allá del plano virtual».

– Preservación de pruebas: primero asegurar la evidencia, luego identificar

Guardia Civil y Policía Nacional coinciden en la importancia de garantizar que la información hallada pueda ser utilizada con validez legal. «Es muy importante asegurar la evidencia, es decir hacer las salvaguardas correspondientes debido a la volatilidad que presentan este tipo de pruebas, ya que los comentarios pueden ser borrados, eliminados o editados por el autor», asegura el jefe del grupo EVO central de la Policía Nacional. En esta idea coincide Salas: «Lo fundamental en las investigaciones de carácter virtual es la preservación de las evidencias, de los indicios que posteriormente vamos a poner a disposición de autoridades judiciales o fiscales». Explica que, una vez ese contenido se ha salvaguardado, «se trata de identificar a la persona que está llevando a cabo esa publicación a través de diferentes redes sociales», pero añade: «A veces se consigue, a veces no, y aquí es fundamental la colaboración de las plataformas«.

“Es fundamental la colaboración de las plataformas de redes sociales“

– Análisis exhaustivo: del comentario aislado al patrón deliberado

«Lo habitual es que no nos encontremos con un comentario aislado, sino que el perfil investigado tenga múltiples publicaciones de corte discriminatorio que denoten que no ha sido un acto fruto de un acto acalorado o irreflexivo», señala el inspector, jefe del grupo EVO central. Subraya que estos comentarios suelen ser «totalmente deliberados y fruto de su animadversión contra un colectivo». Añade que, cuando les llega una noticia de un posible caso de delito de odio, lo primero es realizar «un primer estudio exhaustivo del perfil«. Si encuentran indicios de que sí estarían ante un delito de odio, revela que «lo siguiente sería realizar gestiones al objeto de identificar y localizar el autor«. En último lugar, se confecciona «el atestado con la detención, en su caso del autor, si procede, puesta a disposición judicial y remisión del atestado a la autoridad judicial y al fiscal delegado de delitos de Odio provincial». A continuación, en el siguiente video, el comandante Salas explica las operaciones que se llevaron a cabo gracias a la monitorización de redes tras los sucesos ocurridos en Torre Pacheco.

Test de Rabat: el filtro que separa opinión de delito

Discernir entre lo que constituye una opinión legítima y lo que puede ser un delito es esencial. Mecanismos como el test de Rabat se han convertido en herramientas clave para este fin, proporcionando un marco objetivo y reconocido internacionalmente que permite evaluar cuándo un mensaje cruza la línea hacia la incitación al odio o la violencia. Tal y como explica el comandante Salas, este instrumento surge del Plan de Acción de Rabat de 2012 promovido por Naciones Unidas y se utiliza de manera consensuada con otras organizaciones para «evaluar si una determinada publicación puede constituir un ilícito penal o un delito».

El jefe del grupo central de Extremismo Violento y Odio de la Policía Nacional expone que en algunas ocasiones «esos comentarios o publicaciones son muy explícitas hacia la incitación de la violencia, pero en otros casos es más sutil, más indirecta, más subliminal y entraríamos en liza con el derecho a la libertad de expresión». Por esta razón, señala que «lo que se viene requiriendo por parte de los fiscales especialistas de odio es que en el atestado se haga un exhaustivo análisis basado en el test de Rabat». Este inspector afirma que esta prueba se basa en el estudio de seis parámetros donde se analiza el contexto, hablante, intención, contenido, extensión del discurso y la probabilidad de causar daño.

La batalla contra la desinformación

Más allá de los discursos de odio, la desinformación se ha convertido en un frente crítico para la seguridad pública. Los bulos no solo generan un impacto inmediato, alterando la percepción de los acontecimientos y alimentando el miedo, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y tienen consecuencias reales. En esta línea se manifiesta el jefe de grupo en el área de Ciberamenazas de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional: «Los bulos tienen una capacidad de afectación a la seguridad pública a corto plazo muy alta, pero también tienen un efecto a largo plazo». Añade que la desinformación «busca favorecer una progresiva polarización de la sociedad, una ruptura de confianza en las instituciones democráticas o cambiar el sistema de valores». Sobre este punto, incide en la «intencionalidad» que hay detrás de los bulos que se difunden en Internet.

“La desinformación busca favorecer una progresiva polarización de la sociedad“

Pese al enorme impacto que los bulos pueden generar en la opinión pública y la seguridad ciudadana, el Código Penal no contempla como delito la difusión de bulos. No obstante, este inspector recuerda que «el mismo artículo 20 de la Constitución, que nos garantiza el derecho a la libertad de expresión, también dice que tenemos derecho a recibir información veraz». En relación con este asunto, menciona el escrito realizado en 2020 por la Fiscalía General del Estado para recordar que «en este ánimo de desinformar, de manipular a la audiencia, es habitual que se incurra en ciertos tipos penales«. Según recoge la guía Tratamiento penal de las ‘fake news’ de la Fiscalía, la información falsa puede ser castigada con prisión si encaja en figuras penales ya previstas como delitos de odio, descubrimiento y revelación de secretos, delito contra la integridad moral, desórdenes públicos, injurias y calumnias, delitos contra la salud pública, estafas, intrusismo y delitos contra el mercado y los consumidores.