Apagón: prevención y riesgos en infraestructuras críticas

En España, varios incidentes de alcance nacional han puesto de relieve la correlación entre los sistemas eléctricos, las telecomunicaciones y los transportes. Un apagón puede tener un efecto dominó, afectando no solo a los ciudadanos, sino también a la actividad económica y a los servicios esenciales.

Ejemplo de lo anterior fue el apagón de este mismo año, el 28 de abril de 2025, cuando un corte de electricidad masivo  dejó sin electricidad durante diez horas a la Península Ibérica (España, Portugal) y el sur de Francia. Fue uno de los más señalados de la historia reciente de los tres países europeos.

Otro caso relativamente reciente tuvo lugar en julio de 2021: un problema técnico en una línea de transporte eléctrico internacional provocó un corte masivo que afectó a millones de usuarios en España y Portugal. Este incidente evidenció que los fallos en la red de distribución no son un fenómeno aislado, sino un riesgo constante que exige medidas de prevención y resiliencia.

Factores que provocan un apagón

Los apagones eléctricos pueden deberse a múltiples causas:

• Fallo técnico en las líneas de alta tensión o en los sistemas de generación.

• Fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes por el cambio climático.

• Ciberataques dirigidos contra sistemas de control industrial (OT/SCADA).

• Errores humanos en la operación o en la coordinación entre países interconectados.

La combinación de estos factores convierte a la red eléctrica en una de las infraestructuras más vulnerables, pero también más necesarias para la seguridad nacional.

Riesgos en infraestructuras críticas

Cuando se produce un apagón, el impacto no se limita a la falta de luz. Sectores como la sanidad, el transporte ferroviario, los aeropuertos, las telecomunicaciones y las plantas de abastecimiento de agua dependen directamente de un suministro estable de energía. Una interrupción prolongada puede comprometer la seguridad pública, la continuidad de las operaciones y la confianza de la ciudadanía.

De ahí que la Unión Europea y los Estados miembros trabajen en reforzar la normativa de resiliencia energética, con especial atención a la protección de infraestructuras críticas. Normativas como la Directiva NIS2 o el Reglamento CER amplían las obligaciones de las compañías eléctricas en ciberseguridad y continuidad de negocio.

Medidas de resiliencia

Para minimizar el riesgo de apagones, se están implementando medidas como:

• Mayor inversión en redes inteligentes.

• Sistemas de almacenamiento energético que actúan como respaldo.

• Planes de respuesta ante incidentes y ejercicios de simulación.

• Refuerzo de la cooperación internacional en materia de seguridad energética.

Por lo tanto, los fallos en infraestructuras críticas no pueden evitarse por completo, pero sí pueden mitigarse con una estrategia integral que combine tecnología, regulación y preparación operativa. La resiliencia energética será clave para garantizar la seguridad y estabilidad de la península ibérica en los próximos años.