La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal internacional presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que captaba a las víctimas mediante engaños en su país de origen, principalmente Colombia y Venezuela, y cuando llegaban a España eran trasladadas a Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran prostituidas 24 horas al día durante tres meses para saldar una deuda de 6.000 euros con la red.
Todo ello en una operación que se ha saldado con ocho detenidos, siete en Toledo y uno en Madrid, pertenecientes a una red transnacional presuntamente dedicada a la trata de seres humanos, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y distribución de medicamentos en las provincias de Toledo y Madrid.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este mismo martes, Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, entre los ocho detenidos están los tres responsables de la organización, que han ingresado en prisión provisional, y durante la operación se han llevado a cabo tres registros en la provincia de Toledo y otro en Madrid en los que se han incautado, entre otros efectos, de dos kilogramos de cocaína.
Intimidadas y sometidas a constantes amenazas
Según la información policial, las mujeres explotadas vivían intimidadas y sometidas a amenazas en los pisos en los que ejercían la prostitución.
La red contaba con mujeres que actuaban como falsas “madres de piso”, encargadas de ejercer un control sobre las víctimas, marcar los horarios, fijar las tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas tenían que tener disponibilidad de 24 horas al día y la obligación de repartir el 50% de los beneficios.
La investigación policial se inició en octubre de 2024 en Melilla cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A raíz de esta denuncia, los agentes identificaron a esta organización criminal asentada en territorio nacional, que captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño, prometiéndoles un futuro laboral más favorable en España.
La organización criminal se hacía cargo de todas las gestiones y documentación necesaria para el viaje, informando a las víctimas que por ello contraerían una deuda que hasta 6.000 euros, la cual debían pagar en tres meses ejerciendo la prostitución. Una vez en España, eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad de Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran desprovistas de su documentación y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización criminal.
Según la Policía, estaban vigiladas por cámaras en las zonas comunes y en algunos casos eran trasladadas de lugar en el que eran prostituidas, por lo que una de las víctimas aprovechó uno de estos traslados para huir, y a partir de ahí recibió amenazas desde España y desde su país de origen para que regresara y abonara el importe de la deuda.
Distribución de drogas
La coordinación de la explotación sexual iba acompañada de una segunda actividad delictiva: la distribución de drogas.
En los mismos inmuebles, los clientes podían adquirir cocaína. Todo esto generaba elevados beneficios económicos que eran redistribuidos entre los miembros de la organización criminal.
En el interior de los inmuebles se localizó una suma superior a 7.000 euros en efectivo. Asimismo, se intervinieron dos kilogramos de cocaína, parte de ella en roca pura y otra ya preparada en dosis para su distribución.
Los agentes hallaron un laboratorio secundario para la producción de dicha sustancia con materiales específicos para el corte, manipulación y empaquetado de droga. Además, se incautó abundante documentación relacionada con la actividad criminal, así como material informático y seis teléfonos móviles de los principales investigados
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