La ministra Ana Redondo, en el acto conmemorativo por los ’40 años de legalización del aborto’, se ha mostrado dispuesta a incluir el derecho al aborto en la Constitución, tal como hizo Francia el año pasado, cuando se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en su Carta Magna, con el fin de impedir que posibles cambios de Gobierno impliquen retrocesos en esta materia.
«Nuestras leyes son recientes, potentes, con un reconocimiento suficiente y hay que dar tiempo a las leyes [en referencia a la reforma del 2023] para que se desarrollen. Pero también es verdad que hay países que han optado por un reconocimiento del derecho al aborto en la Constitución que nos inspiran y somos conscientes de que ese es el camino porque cuando se reconoce en la Constitución, aunque cambie el Gobierno, se respetan las reglas del juego», ha subrayado Redondo.
La ministra no ha concretado si el Ejecutivo impulsará la reforma constitucional en los próximos meses, pero sí ha indicado que es el «camino que hay que tener en cuenta» teniendo en cuenta que la ultraderecha está atacando la libertad del aborto en muchos países. «Nos quieren en casa, calladitas y sumisas», ha criticado la ministra.
Trabas y tabús
En el mismo acto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la puesta en marcha de la web www.quieroabortar.org con el fin de ofrecer información sobre el derecho en España, los pasos a seguir o los recursos disponibles. El objetivo de la nueva plataforma digital es que «ninguna mujer se sienta sola y desorientada en un momento tan delicado«, ha dicho la ministra en alusión a las trabas, obstáculos o tabús que aún dificultan este derecho.
En concreto, el programa ‘Quieroabortar.org’ ofrece tres servicios de acompañamiento: un Whatsapp de información (664647533), atendido por profesionales de lunes a viernes; una línea telefónica en la que poder hablar de la experiencia del aborto, que atiende lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas, a través de voluntarias con formación, y un servicio de apoyo jurídico, emocional y técnico a mujeres que desean interrumpir el embarazo pasada la semana 22 de gestación.
Sanidad pública
Ambas ministras han indicado además que el objetivo es que la sanidad pública lleve a cabo la mayor parte de las intervenciones. Para ello, la reforma de la ley del aborto, aprobada en 2023, obligó a las autonomías a crear un registro de objetores con el fin de que el ejercicio de este derecho por parte de los profesionales sanitarios no dificulte la prestación en el ámbito público. Sin embargo, según un estudio publicado recientemente por el Instituto de las Mujeres, dos años y medio después de la entrada en vigor de la normativa, el 80% de los abortos siguen realizándose en centros privados acreditados, aunque financiados por el sistema público.
García ha asegurado, a este respecto, que seguirán «insistiendo» a las autonomías para que cumplan la ley, dado que los datos indican que hay grandes diferencias. Comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Murcia presentan una externalización casi total del servicio, mientras que en regiones como Catalunya (41,8%), Navarra (35,1%) y el País Vasco (28,7%) hay una cobertura pública mayor.
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