Ciberseguridad: eje central de la estrategia de Defensa con la OTAN

En el contexto actual, el Ministerio de Defensa prioriza la inversión en ciberseguridad como elemento estratégico para alcanzar el mínimo requerido por la OTAN. Esta decisión refleja una comprensión del nuevo paradigma: la guerra ya no se libra solo con tanques y aviones, sino también con códigos, redes y ataques digitales.

Contexto: exigencias renovadas de la OTAN

En la cumbre de La Haya en 2025, los países miembros de la OTAN acordaron elevar el compromiso de gasto al 5% del PIB para 2035, desglosado entre un 3,5% destinado a defensa convencional y hasta el 1,5% para inversiones relacionadas, entre ellas la ciberseguridad. Ese componente tecnológico es considerado ahora esencial para garantizar la resiliencia digital frente a amenazas híbridas. España, sin embargo, ha negociado una exención flexible que le permite mantener un objetivo más modesto del 2,1% del PIB para defensa, a condición de demostrar que cumple los requisitos de capacidades pactados en la OTAN. El Gobierno sostiene que ese nivel puede ser suficiente si se asignan recursos de forma eficiente a áreas como la ciberseguridad, redes cifradas, inteligencia artificial y telecomunicaciones seguras.

¿Por qué la ciberseguridad se vuelve prioritaria?

1. Amenazas crecientes y sofisticadas. En España, se registran miles de ciberataques anuales a servicios esenciales, infraestructuras críticas y sistemas públicos.
2. Interdependencia tecnológica. Muchas capacidades militares modernas (comando y control, comunicaciones seguras, logística integrada) dependen de sistemas digitales robustos.
3. Criterio OTAN de “seguridad relacionada”. Parte del nuevo objetivo de gasto (el 1,5%) está concebido precisamente para fortalecer aspectos como la resiliencia digital, protección de infraestructuras críticas y capacidad de ciberdefensa.
4. Optimización del presupuesto. En lugar de simplemente aumentar el gasto bruto, España apuesta por “gastar mejor”: priorizar tecnologías con alto impacto estratégico.

Desafíos e implicaciones clave

• Medición del cumplimiento. No basta con asignar fondos; la OTAN revisará los informes de capacidades y resultados en cada país.
• Equilibrio frente al Estado de bienestar. El Gobierno ha defendido que no se exige llegar al 5% si provocar costes sociales excesivos.
• Colaboración público-privada. Gran parte de la seguridad digital depende de la industria tecnológica nacional, proveedores de telecomunicaciones y sector de ciberseguridad.
• Actualización continua. Las amenazas evolucionan rápidamente (IA, computación cuántica, ransomware), por lo que la inversión debe ser sostenida y adaptable.