El sistema de atención a la dependencia en España enfrenta un reto considerable: según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia, más de 280.000 personas se encuentran actualmente en listas de espera. Esta cifra alarmante, que cuantifica en 284.020 las personas en espera a 1 de octubre de 2025, representa un aumento de 13.695 personas solo en los primeros nueve meses del año.
La lista se divide en dos grupos principales: 133.414 personas están pendientes de la valoración de su grado de dependencia, y 150.606 ya tienen el derecho reconocido, pero esperan recibir el servicio o la prestación prometida. Este «limbo» burocrático afecta al 12,5% de los solicitantes y se concentra de forma especialmente aguda en cinco comunidades autónomas: Cataluña (81.894), Andalucía (51.547), Comunidad Valenciana (29.747), Canarias (25.755) y Murcia (16.348). Entre ellas, suman dos de cada tres personas en espera a nivel nacional.
Desigualdad territorial
La tramitación de los expedientes se ha vuelto más lenta, pasando de 334 días a principios de año a 349 días en septiembre de 2025. El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, lamenta que en comunidades como Murcia, Andalucía y Canarias el tiempo de espera se aproxime a los 500 días.
Sin embargo, la situación varía drásticamente por territorios. Mientras el tiempo medio nacional roza el año, Castilla y León se erige como la comunidad con la menor demora, resolviendo la dependencia en 113 días. A pesar de tener 8.567 dependientes en lista de espera (el noveno mayor dato), su esfuerzo de gestión se refleja en una reducción del 27,1% de su lista en lo que va de año, liderando esta estadística junto a Canarias. En el otro extremo, comunidades como Madrid (+29,6%), Cantabria (+29,9%) y Castilla-La Mancha (+58%) han visto un fuerte incremento en sus cifras de espera.
Morir esperando
La espera, en muchos casos, tiene un desenlace trágico. El Observatorio denuncia que 25.060 personas han fallecido este año mientras esperaban: 13.713 sin ser valoradas y 11.347 esperando la prestación a la que ya tenían derecho. Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad de estos fallecimientos. Además, un tercio (34%) de las personas desatendidas son grandes dependientes o severos, aquellos con necesidades de apoyo extenso y continuado.
A pesar de las dificultades, el sistema ha incrementado el número de beneficiarios: a cierre de septiembre, 1.726.288 personas tenían reconocida la dependencia, 81.371 más que en 2024. Este aumento implica que el 3,5% de la población española necesita apoyos. No obstante, la asociación advierte que este incremento se ha logrado a menudo reconociendo prestaciones más baratas y, preocupantemente, reduciendo las plazas en residencias y centros de día.
Finalmente, el análisis revela que la dependencia tiene rostro de mujer (dos tercios de los beneficiarios) y de persona mayor, pues las mayores de 80 años representan el 53% del total. Además, más de la mitad de las personas atendidas en sus domicilios (56%) carecen del servicio de teleasistencia. El sistema avanza, pero la persistente lista de espera y la lentitud en la tramitación subrayan la necesidad urgente de agilizar y equilibrar la atención entre comunidades.
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