El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha presidido este jueves un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia convocado de forma extraordinaria por su departamento para trasladar a los gobiernos autonómicos los detalles del decreto ley que se aprobó este martes para el desarrollo normativo de la Ley ELA (Ley 3/2004) y que las comunidades deben empezar a aplicar ahora, adaptando para ello sus sistemas de dependencia.
En el consejo territorial extraordinario, celebrado de forma telemática, Bustinduy ha presentado los ejes principales de este decreto ley que tendrán que poner en marcha y que entra en vigor este jueves tras su publicación ayer en el BOE. El ministro Bustinduy ha valorado el Grado de Dependencia Extrema III Plus que se incorpora al SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) con este decreto ley y que ahora deben incluir los gobiernos autonómicos en sus sistemas.
Un grado nuevo
Se trata de un grado nuevo, ha explicado, para reconocer una nueva prestación a las personas con ELA y con otras enfermedades neurológicas que requieran cuidados de alta complejidad y que estén en fase avanzada. Son pacientes, ha recordado, que necesitan una atención de 24 horas al día, y ayuda para poder seguir vivos y para cuestiones tan básicas como respirar o comer.
Por ello, el ministro ha mostrado su «absoluta colaboración» a las comunidades para que reconozcan este nuevo grado «lo antes posible». De esta forma, y una vez que los gobiernos autonómicos empiecen a reconocer el Grado III Plus a los pacientes que lo requieran, podrán comenzar a recibir la nueva prestación aprobada por el Gobierno para garantizar esa atención 24 horas.
Es una prestación de hasta 9.868 euros al mes por paciente, para poder contratar a hasta 5 cuidadores por persona, y que el Gobierno cubrirá siempre con 4.930 euros mensuales, siendo el ejecutivo regional el que complete la prestación. En base a este sistema, la Administración General del Estado contribuirá de forma fija con 4.930 euros al mes, y las comunidades financiarán el resto, pudiendo aportar otros 4.930 euros mensuales como máximo, u otra cantidad menor si no se trata de una prestación máxima. Además, Bustinduy ha recordado que el Gobierno va a inyectar 500 millones de euros para reforzar el SAAD y, por tanto, garantizar la financiación de estas nuevas prestaciones.
Que exista consenso
«La Ley ELA mandata a las administraciones públicas a trabajar para mejorar la vida de las miles de personas afectadas por esta enfermedad», ha declarado, reclamando a los gobiernos autonómicos cumplir con este mandato para poner en marcha el desarrollo de la norma y garantizar que lleguen las nuevas prestaciones. Ha pedido, también que, para ello, se repita el consenso que suscitó esta ley, aprobada con el voto a favor de todos los grupos, en las Cortes Generales.
Este consejo territorial extraordinario se celebra un día después de que Pablo Bustinduy recibiera a representantes de ConELA (Confederación Española de Entidades de ELA), la mayor entidad de personas con esta enfermedad, y de sus familiares y cuidadores, que hay en España, para trasladarles los detalles de este decreto ley. Desde ConELA destacaron muy positivamente la incorporación del nuevo Grado III Plus de dependencia extrema: «Supone un gran logro de las asociaciones de pacientes y un cambio de enfoque en la atención a las enfermedades neurodegenerativas«.
Bustinduy también ha presidido este jueves el Pleno del Consejo Nacional de Discapacidad en el que se ha aprobado el primer Plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad (2025-2035). El documento contempla 6 grandes objetivos y 43 medidas concretas para actuar sobre ámbitos clave como la educación, el empleo, la salud, la participación social o la protección frente a la violencia y la justicia. El plan cuenta con una dotación presupuestaria que asciende a 65.156.207 euros.
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