La Fiscalía de Castilla y León ha abierto una investigación contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que la Asociación Bierzo Aire Limpio presentase una denuncia contra ellos por los incendios forestales ocurridos en agosto pasado que arrasaron El Bierzo. Este fuego provocó la muerte de tres personas y la destrucción de miles de hectáreas a varios parajes, especialmente al Monumento Natural de Las Médulas.
En la denuncia, esta asociación apunta a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica en los incendios de las comarcas de El Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.
Indicios de que no se adoptaron medidas preventivas necesarias
Según Bierzo Aire Limpio, existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno. «El Gobierno autonómico contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes», señala la asociación en su denuncia.
Además, recuerda que tras catástrofes anteriores ocurridas en la comunidad autónoma y especialmente en el Bierzo o la Sierra de la Culebra (2022), no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal.
Bierzo Aire Limpio destaca que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía «es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales» y celebra que el Ministerio Público haya atendido la necesidad de investigar los hechos.
Sin embargo, lamenta que, en paralelo, las Cortes de Castilla y León rechazaran este miércoles, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de los incendios del pasado verano, en los que ardieron más de 150.000 hectáreas, murieron cuatro personas y miles de vecinos fueron desalojados.
El consejero defiende la actuación de la Junta
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que tras los incendios de 2022 se produjeron denuncias de este tipo y todas quedaron archivadas, según informa Efe.
Así, ha asegurado que tras los incendios de 2022 se tomaron unas decisiones «muy potentes» en cambio de estructura e inversión y ese operativo, según Quiñones, funcionó muy bien en 2023, 2024 y también en 2025, salvo en esas tres «semanas fatídicas con circunstancias desconocidas».
Ha asegurado que siempre están a disposición de la Justicia «y por tanto, daremos todas las explicaciones necesarias».
«En definitiva, trataremos de explicar cómo la actuación de la Junta ha sido correcta, la actuación de los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles», ha argumentado.
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