¿Por qué el personal de la sanidad pública rechaza el Estatuto Marco y quiere ir a la huelga? Estas son las razones

El borrador del Estatuto Marco, la normativa básica que lleva meses negociándose y que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud en España y que pretende establecer un marco general que define los derechos y deberes de los trabajadores, no convence a los sindicatos sanitarios. Por un lado, los médicos consideran que su situación exige una norma que plasme una «mejora notable de sus condiciones laborales» y este texto, señalan, no lo consigue. Mantienen la huelga nacional convocada para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

Por otro, trabajadores agrupados en distintos sindicatos, han anunciado este jueves, en una rueda de prensa convocada por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, que todo el personal de la sanidad pública está llamado a participar en una huelga indefinida a partir del 27 de enero. Explican que el Ministerio que dirige Mónica García no tiene intención de pactar un texto de la nueva Ley que realmente beneficie al conjunto del personal estatuario, «sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales», y que logre un sistema sanitario «más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a las personas».

Las demandas

Cada organización mantiene sus razones para rechazar un texto que les ha llevado a manifestarse en distintas ocasiones y a convocar diferentes movilizaciones. El Ministerio de Sanidad, por su lado, se defiende: considera que ha incorporado en el borrador «todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial, tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados».

Desde Sanidad se «considera que se ha alcanzado el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal, articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas. Bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una oportunidad histórica de reforma normativa, pendiente desde hace dos décadas».

El rechazo

Las organizaciones sindicales rechazan el argumento. No les gusta el texto han dicho en numerosas ocasiones. Este mismo jueves la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) valoraba la última propuesta ministerial para modificar el Estatuto Marco recibida por el Comité de Huelga tras la reunión del pasado lunes. Una oferta final de acuerdo con el objetivo desconvocar la huelga de los próximos días 9, 10, 11, y 12 diciembre que el Comité Ejecutivo de CESM ha resuelto, por unanimidad, rechazar, manteniendo las cuatro jornadas de paro.

Esgrimen, entre otros motivos, que la petición de un estatuto propio para los médicos se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un ámbito de negociación diferenciado. «No nos soluciona nada agrupar en un capítulo específico normas que regulen aspectos laborales exclusivos del médico», indican.

Argumentan, también, que no se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación, ni un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad de las mismas y dicen que no pueden «permitir un régimen de incompatibilidades discriminatorio, y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, del mismo modo que no podemos permitir la exclusividad de los mandos intermedios«.

«Oídos sordos»

En el caso de las otras organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que van en bloque y sin sintonía con los médicos, indican que «no les ha quedado más remedio que convocar las jornadas de huelga, que se celebrarán los martes de cada semana, con carácter indefinido -desde el 27 de enero- una vez que el Ministerio ha hecho ‘oídos sordos’ a todos sus intentos de cerrar un texto normativo cuyo objetivo sea el interés común de todos los trabajadores y trabajadoras».

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