La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida por sus siglas SEPI, es una entidad pública española. Adscrita al Ministerio de Hacienda, actúa como holding empresarial estatal para gestionar participaciones en empresas públicas y estratégicas. Su objetivo principal es rentabilizar estas inversiones y orientarlas al interés público, en sectores como la energía, las infraestructuras, la defensa, la alimentación, el medioambiente y los medios de comunicación, promoviendo a su vez el empleo juvenil con su Fundación.
Creada en 1995 por Real Decreto y consolidada por ley en 1996, funciona como organismo estatal gestor, bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda, con la misión de administrar las participaciones empresariales del Estado en sectores estratégicos. La SEPI controla directamente 15 empresas públicas, entre ellas Correos, Navantia, RTVE y Enusa, y participa como accionista minoritario en otras como Indra, Telefónica, Airbus o Red Eléctrica de España.
Qué es la SEPI y qué hace
- Entidad Pública. Es una sociedad mercantil estatal, aunque de derecho público, que opera bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda.
- Instrumento Estratégico. Su misión es aplicar la política del Gobierno en el sector público empresarial, gestionando participaciones del Estado.
- Holding Empresarial. Controla directamente empresas como Tragsa, y tiene participaciones en otras compañías clave, abarcando diversos sectores estratégicos.
- Función. Impulsar y coordinar estas empresas, supervisar su estrategia y asegurar que sus actividades contribuyan al interés general.
Más allá de la coordinación empresarial
Además de su papel como gestora de participaciones, la SEPI actúa como instrumento de política económica y financiera del Gobierno, combinando la rentabilidad económica con el interés público. Está sujeta a controles parlamentarios, financieros y de la Unión Europea, y puede recibir aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado o emitir deuda con garantía estatal. También tiene competencias en procesos de privatización, que deben cumplir principios de publicidad, transparencia y competencia
A través de su fundación, gestiona programas de becas para jóvenes estudiantes y titulados, facilitando su acceso al mercado laboral. En breve, la SEPI es el brazo inversor y gestor del Estado español en el sector empresarial, vital para el control y la dirección de empresas estratégicas, y para el desarrollo de políticas de empleo juvenil.
Principales razones de la notoriedad de la SEPI en 2025
La SEPI está en el centro de la actualidad política y judicial española por una combinación de sospechas de mala gestión de fondos estatales, decisiones financieras cuestionables y movimientos estratégicos en el sector empresarial público. La entidad estaría implicada en varios escándalos de corrupción y polémicas operaciones financieras que son actualmente objeto de investigación judicial y debate político en España.
- Caso de presunta corrupción y detenciones recientes. Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y a otra persona vinculada al PSOE, Leire Díez, por supuestas irregularidades en contrataciones públicas. La investigación sugiere que los rescates gestionados por la SEPI durante la pandemia podrían haberse utilizado para blanquear dinero o para favorecer a empresas de forma indebida, como es el caso de la aerolínea Plus Ultra.
- Rescate de Plus Ultra. La SEPI concedió un polémico rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, a pesar de que la compañía tenía un solo avión y su consideración como empresa «estratégica» fue cuestionada por algunos sectores. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de ese dinero pudo ser blanqueado.
- Pérdidas financieras. La gestión de algunas empresas participadas ha generado importantes pérdidas. En 2024, la SEPI perdió 501 millones de euros, en gran parte debido a la mala gestión en Correos.
- Operaciones de inversión y control empresarial. La SEPI también ha estado en el foco por sus movimientos para adquirir participaciones significativas en empresas clave, como la compra del 10% de Telefónica (una operación que culminó a mediados de 2024) y la autorización para entrar en el capital de Talgo. Estas operaciones son vistas por el Gobierno como estratégicas, pero han suscitado debate sobre la posible confusión entre la política industrial y el intervencionismo político.
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