Quinta reunión del Pacto Nacional por la Salud Mental, presidida por el jefe del Govern, Salvador Illa, que ha planteado la necesidad de disponer de presupuestos para el 2026 con los que mejorar la dotación económica a las problemáticas psiquiátricas y psicológicas de Catalunya. Illa ha reconocido los déficits en esta materia y ha apostado por doblar el «suplemento de crédito» -la figura que puede usar el Govern al carecer de presupuestos-, que ha sido de 10 años para el 2025.
El president ha admitido que «hay mucho trabajo por hacer» y ha planteado la necesidad de «transformar» el actual modelo de atención. El Pacto Nacional apuesta por una mirada transversal, compartida, con participación de todos los agentes sociales, dando voz a las personas directamente afectadas y con una mirada comunitaria, social.
Para Illa, este cambio «no es un camino ni fácil ni rápido» y se trata de avanzar de forma consensuada. Al respecto de los presupuestos, ha afirmado, textualmente, que «trabajamos con el horizonte de poder disponer de ellos, el trabajo es intenso y esperamos resolverlo lo antes posible, no está todavía resuelto». Unas cuentas públicas que permitirían, ha recordado, disponer «de los recursos que necesitamos».
220 millones más
Las entidades sociales, representadas por Xavier Trabado, presidente de la Taula del Tercer Sector, han recordado que existen ya estudios, como el que dirigió el catedrático de Economía de la UPF Guillem López Casasnovas, sobre la insuficiencia grave que tiene el presupuesto del sector de la salud mental en Catalunya. Un estudio que cifra en 220 millones de euros anuales la cantidad necesaria para igualar a Catalunya con los países más avanzados. También se ha reclamado trabajar en la recuperación de daños infligidos a personas con problemas de salud mental en el pasado, en el marco de la memoria democrática.
El Govern ha detallado la actuación de este año en salud mental en las diferentes conselleries y las entidades también han reclamado disponer de un modelo de gobernanza del Pacto que permita medir las políticas públicas que se lleven a cabo. Un modelo que el Ejecutivo acepta.
La nueva presidenta del Pacto, Laia Arnal, ha explicado recientemente en el Parlament que se propone entre otras cuestiones constituir un Observatorio de la Salud Mental para evaluar el impacto de lo que se vaya llevando a cabo desde las administraciones; y disponer de un Atlas de recursos disponibles.
Un pacto largamente reclamado
El Pacto Nacional por la salud mental se aprobó el pasado año, fruto de un proceso iniciado en la legislatura anterior, presidida por el republicano Pere Aragonès. El nuevo Ejecutivo del PSC ha mantenido ese compromiso. En diciembre pasado, tal como avanzó SanaMente, se rubricó ese acuerdo, que es un conjunto de estrategias y prioridades para mejorar la salud mental no sólo a nivel sanitario sino también en áreas como los servicios sociales, la justicia o la empresa.
El documento aprobado ha de traducirse, como reclaman las entidades del sector de la salud mental, en un incremento de profesionales, de recursos humanos y de mecanismos sociales para mejorar la salud mental de la ciudadanía. Al frente del Pacto se situó a principios de legislatura a Isabel Sierra, cuyo mandato consiguió convencer ni interna ni externamente, por lo que ha sido recientemente substituida Arnal.
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