La jueza que instruye la causa abierta por el incendio de 2023 en dos discotecas de Murcia, en el que murieron 13 personas, ha concluido que hay «indicios suficientes» para señalar a seis personas como posibles responsables de un delito de homicidio por imprudencia.
Los hechos tuvieron lugar el 1 de octubre de 2023 en el polígono de Atalayas, cuando un fuego iniciado en una discoteca se extendió con rapidez por todo el local e incluso en otro adyacente. En su auto, la magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha determinado que «existen indicios racionales» de que los hechos investigados pueden ser constitutivos de infracción penal.
Señala a los responsables de las discotecas, al organizador de la fiesta celebrada esa madrugada y en la que se inició el fuego y al técnico proyectista que intervino en la configuración del local, según consta en un comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Chispas contra el techo y un fuego que se propagó con rapidez
La discoteca había instalado para la trágica fiesta dos máquinas generadoras de «chispas de fuego frío». Su sistema, alimentado con titanio, podía alcanzar temperaturas de hasta 452 grados y la jueza sospecha que las máquinas se situaron demasiado cerca del techo, hasta que este “comenzó a arder en el punto justo donde chocaban las chispas”. Las llamas se propagaron con rapidez y llegaron al establecimiento contiguo, matando a trece personas que estaban en la primera planta y que no tuvieron tiempo a abandonar el local.
Las dos discotecas compartían una única nave industrial, después de una división para la que no se habrían solicitado las licencias municipales correspondientes. Esta obra, que carecía de garantías de seguridad, «tuvo relevancia en la propagación del fuego de un establecimiento a otro, así como en sus consecuencias”, reza el auto de la jueza, en el que se apunta a la ausencia de elementos de resistencia al fuego, la falta de una franja de protección en la cubierta, la ausencia de puertas de seguridad y la existencia de conductos de climatización compartidos.
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Además de los posibles delitos de homicidio, la jueza instructora mantiene abierto el procedimiento por trece delitos de lesiones por imprudencia grave, en alusión a los heridos y por presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores, ya que «existen indicios de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad frente a incendios».
En cambio, accede al sobreseimiento provisional de las investigaciones sobre los funcionarios municipales y el responsable de seguridad del local, por entender que sus respectivas actuaciones no guardan una relación causal con el incendio.
Las familias de víctimas anuncian recurso
La publicación del auto lleva al procedimiento a una nueva fase procesal en la que debe terminar de concretarse la acusación con respecto a las personas investigadas y, si así se determina, abrir juicio oral contra ellos. Sin embargo, el auto conocido este viernes no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial.
El abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familias de parte de las víctimas, ha anunciado en declaraciones a la agencia EFE que recurrirán la decisión. Las víctimas se sienten «indignadas» por la decisión de la jueza de no investigar a los funcionarios del Ayuntamiento, ya que entienden que la inacción de la administración municipal fue clave en el trágico desenlace del siniestro.
Muñoz Ortín ha recalcado que el Ayuntamiento era conocedor de las irregularidades y no hizo nada, pese a que la «supervisión, fiscalización y control» de los incumplimientos «correspondían legalmente» a la autoridad local. En este sentido, apunta al Ayuntamiento como último responsable de controlar la situación de las discotecas y de impedir su actividad.
“La ciudadanía merece una investigación íntegra que analice todas las actuaciones, también las administrativas, cuando éstas guardan una conexión directa con el resultado producido”, ha reclamado el abogado.
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