El Gobierno aprueba el decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal

Un sistema más homogéneo

La nueva regulación desarrolla lo previsto en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Con este movimiento, el Gobierno busca «reforzar la seguridad jurídica, la cohesión territorial y la aplicación homogénea del derecho en todo el Estado». Hasta ahora, la disparidad de criterios entre comunidades autónomas generaba desigualdades en el acceso de las personas no registradas como residentes.

Desde el Ejecutivo subrayan que un procedimiento común no solo garantiza la equidad, sino que permite un «mejor control de las enfermedades desde la atención primaria y un uso más eficiente de los recursos públicos». Al facilitar la entrada al sistema, se evitan complicaciones que terminen en urgencias hospitalarias, mucho más costosas y menos eficaces para el seguimiento preventivo de la salud pública.

Menos burocracia: la declaración responsable

Una de las grandes novedades de este Real Decreto es la simplificación de los trámites administrativos. El reconocimiento del derecho se realizará a través de una «declaración responsable». En este documento, el solicitante manifiesta que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde su país de origen y que no hay terceros obligados al pago de su asistencia.

Para asegurar que nadie quede fuera por barreras cognitivas o físicas, el Gobierno ha incluido medidas de apoyo y «formatos de lectura fácil» para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar esta declaración en igualdad de condiciones.

Flexibilidad en la prueba de residencia

El acceso a la sanidad pública ya no dependerá exclusivamente del empadronamiento. Aunque sigue siendo el documento preferente, la norma abre el abanico a otros medios de prueba para acreditar la residencia habitual en España. Entre estos figuran los certificados de escolarización de menores, informes de servicios sociales, facturas de suministros básicos (luz, gas, agua) o incluso contratos de internet a nombre del solicitante.

Además, el acceso será instantáneo. En el momento de presentar la solicitud, se entregará un documento provisional que permitirá recibir asistencia de forma inmediata mientras se resuelve el expediente. La administración tendrá un máximo de tres meses para resolver; si no hay respuesta, se aplicará el silencio administrativo positivo.

Protección a colectivos vulnerables

El decreto pone el foco en aquellos grupos que requieren una «especial protección». Así, los menores de 18 años y las mujeres embarazadas (incluyendo parto y posparto) tendrán asegurada la asistencia integral. Un punto relevante es que se reconoce explícitamente el derecho de las mujeres extranjeras no residentes a la interrupción voluntaria del embarazo.

También se otorga una protección específica a las víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, así como a los solicitantes de protección internacional. Para situaciones de estancia temporal con vulnerabilidad extrema, los servicios sociales de las comunidades podrán emitir un informe específico de acreditación.

Españoles en el exterior y prestaciones

La norma no solo mira hacia el interior. Se amplía la protección a los españoles de origen residentes en el exterior y a sus familiares directos durante sus desplazamientos temporales a España. Anteriormente, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores, pero ahora se extiende a todos los españoles de origen, siempre que no tengan cobertura por convenios internacionales.

Finalmente, el Real Decreto introduce una mejora en la equidad económica: se equipara a quienes están exentos de pagar medicamentos con los que necesitan productos ortoprotésicos. Así, cualquier persona que por su renta no pague fármacos, tampoco tendrá que aportar dinero por recibir prótesis o productos de ortopedia del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno advierte que, para salvaguardar el buen uso de los fondos públicos, existirán mecanismos de control. En caso de detectarse «inexactitud o falsedad» en la declaración responsable, el documento provisional se anulará y la administración podrá exigir el reintegro total del coste de las prestaciones sanitarias recibidas.

Los recortes de Rajoy

La evolución de la sanidad universal en España vivió su momento más crítico con la llegada del Real Decreto-ley 16/2012 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta normativa supuso un cambio de paradigma estructural: se pasó de un sistema basado en la «residencia» —donde cualquier empadronado tenía derecho a médico— a un modelo de «aseguramiento». Esta distinción técnica dejó fuera del sistema normalizado a cientos de miles de personas en situación irregular, quienes perdieron su tarjeta sanitaria y quedaron relegados a una atención fragmentada que solo cubría urgencias por enfermedad grave o accidente, asistencia en el embarazo, parto y postparto, y atención a menores de 18 años.

Este periodo de restricciones, justificado por el Ejecutivo como una medida de ahorro en plena crisis financiera, generó un fuerte rechazo social y profesional. Mientras el Gobierno central endurecía los requisitos y perseguía el «turismo sanitario», comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, Baleares o el País Vasco intentaron aprobar normativas propias para mantener la atención universal, lo que derivó en constantes conflictos ante el Tribunal Constitucional. El bloqueo a la atención primaria para adultos irregulares se mantuvo como norma general hasta 2018, cuando el cambio de Gobierno inició el desmantelamiento de este marco legal para recuperar la universalidad plena.