El real decreto que el Consejo de Ministros aprobó este martes para garantizar la sanidad pública universal, eliminando trabas de acceso a los inmigrantes en situación irregular, refuerza también el acceso gratuito a servicios sanitarios esenciales, incluyendo productos de ortopedia como sillas de ruedas, prótesis y otros dispositivos de apoyo. De este modo, más de siete millones de personas -los que ya están exentas del copago farmacéutico- quedan exentas del pago de estos productos, cuyo coste asumirá integramente el Sistema Nacional de Salud.
La medida tiene como objetivo principal asegurar que todas las personas, independientemente de su situación administrativa o económica, puedan acceder a la sanidad pública sin barreras. Además de regularizar el acceso universal, la norma introduce cambios específicos en la prestación ortoprotésica, alineando la exención de copago para productos de ortopedia con las ya existentes para medicamentos.
Colectivos vulnerables
Esto significa que personas y colectivos que ya estaban exentos del copago farmacéutico —como pensionistas con bajos ingresos, personas con discapacidad, beneficiarios de determinados programas sociales o colectivos vulnerables— no deberán pagar por productos de ortopedia, garantizando así la gratuidad de elementos esenciales para su movilidad y autonomía.
Para los usuarios que no estén exentos, la normativa establece un copago en función del nivel de renta, con porcentajes claros que varían entre el 10 % y el 60 %, dependiendo de los ingresos y la situación laboral o pensionista de cada persona. Sin embargo, la medida principal es que los colectivos más vulnerables tendrán acceso gratuito, eliminando barreras económicas que antes dificultaban la adquisición de estos productos.
Medida homogeneizadora
El Ministerio de Sanidad ha subrayado que esta medida no solo protege la salud y autonomía de las personas con discapacidad o movilidad reducida, sino que también homogeneiza el acceso a prestaciones ortoprotésicas en todo el territorio español, evitando diferencias por interpretaciones locales del sistema de copago.
Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza el compromiso con la sanidad pública universal, gratuita y equitativa, y consolida un sistema en el que la cobertura sanitaria no depende de la renta ni de la situación administrativa, asegurando que la movilidad y la independencia de los pacientes no se vean limitadas por barreras económicas.
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