{"id":44215,"date":"2026-11-11T15:19:12","date_gmt":"2026-11-11T15:19:12","guid":{"rendered":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2026\/11\/11\/real-decreto-ley-36-2026-de-10-de-noviembre-de-medidas-para-el-adecuado-despliegue-de-la-reforma-del-sistema-para-la-autonomia-y-atencion-a-la-dependencia\/"},"modified":"2026-11-11T15:19:12","modified_gmt":"2026-11-11T15:19:12","slug":"real-decreto-ley-36-2026-de-10-de-noviembre-de-medidas-para-el-adecuado-despliegue-de-la-reforma-del-sistema-para-la-autonomia-y-atencion-a-la-dependencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2026\/11\/11\/real-decreto-ley-36-2026-de-10-de-noviembre-de-medidas-para-el-adecuado-despliegue-de-la-reforma-del-sistema-para-la-autonomia-y-atencion-a-la-dependencia\/","title":{"rendered":"Real Decreto-ley 36\/2026, de 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia."},"content":{"rendered":"
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I<\/p>\n

El Real Decreto-ley\u00a017\/2026, de\u00a023 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidaci\u00f3n del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, se aprob\u00f3 con la finalidad de reforzar de manera estructural la financiaci\u00f3n, la capacidad de respuesta y la sostenibilidad del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia (SAAD), garantizando la efectividad de un derecho subjetivo esencial para la cohesi\u00f3n social y el bienestar de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n

La norma respondi\u00f3 a la necesidad de consolidar y acelerar los avances alcanzados en los \u00faltimos a\u00f1os por el Plan de Choque en Dependencia\u00a02021-2023, que supuso el inicio de un proceso sostenido de fortalecimiento y modernizaci\u00f3n del SAAD mediante un esfuerzo extraordinario de inversi\u00f3n orientado a recuperar su capacidad de respuesta y revertir las deficiencias acumuladas durante a\u00f1os de insuficiencia financiera. Asimismo, tuvo por objeto garantizar las condiciones financieras necesarias para hacer efectivos los nuevos derechos y medidas incorporados en la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi\u00f3n social, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a01\/2013, de\u00a029 de noviembre, y la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, para la extensi\u00f3n y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusi\u00f3n, la autonom\u00eda y la accesibilidad universal conforme al art\u00edculo\u00a049 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<\/p>\n

En concreto, incrementa de forma muy sustantiva las cuant\u00edas del nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n garantizado por la Administraci\u00f3n General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema, reforzando as\u00ed la financiaci\u00f3n b\u00e1sica asociada al reconocimiento de la situaci\u00f3n de dependencia y garantizando una mayor aportaci\u00f3n estatal vinculada a las prestaciones y servicios efectivamente reconocidos. Asimismo, refuerza el nivel acordado o convenido de financiaci\u00f3n mediante una aportaci\u00f3n adicional destinada a las comunidades aut\u00f3nomas, con el fin de mejorar la capacidad operativa del Sistema, impulsar la calidad de la atenci\u00f3n y favorecer un despliegue homog\u00e9neo de los nuevos derechos, prestaciones y servicios derivados de la reforma de la legislaci\u00f3n en materia de dependencia y discapacidad. Ambas medidas responden al objetivo de incrementar la corresponsabilidad financiera del Estado en el sostenimiento del SAAD, asegurar los recursos necesarios para consolidar su transformaci\u00f3n y modernizaci\u00f3n a trav\u00e9s de una inversi\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n General del Estado en el SAAD que en\u00a02027 alcanzar\u00e1 la cifra hist\u00f3rica de\u00a07.240 millones de euros.<\/p>\n

Por su parte, la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, aprobada por el Congreso de los Diputados el\u00a016 de septiembre de\u00a02026, supone un cambio de paradigma en la configuraci\u00f3n del sistema p\u00fablico de cuidados, al sustituir progresivamente un modelo de car\u00e1cter asistencial e institucional por otro basado en los derechos, la autonom\u00eda personal y la participaci\u00f3n efectiva de las personas en su comunidad. La reforma parte de la premisa de que los apoyos y cuidados deben organizarse en funci\u00f3n de las preferencias, proyectos de vida y necesidades de cada persona, de manera que sea el Sistema el que se adapte a las personas y no a la inversa. Se impulsa as\u00ed una atenci\u00f3n centrada en la persona, orientada a favorecer la vida independiente, la inclusi\u00f3n social y el ejercicio efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad o en situaci\u00f3n de dependencia.<\/p>\n

La reforma incorpora nuevos derechos y garant\u00edas destinados a eliminar barreras y simplificar el acceso a la protecci\u00f3n p\u00fablica. Entre sus principales avances destacan el reconocimiento reforzado de la accesibilidad universal, una configuraci\u00f3n m\u00e1s flexible de los servicios y las prestaciones del SAAD, facilitando su adaptaci\u00f3n a las necesidades cambiantes de las personas y permitiendo combinar apoyos cuando ello contribuya a una mejora, o el reconocimiento autom\u00e1tico de la discapacidad a partir de una situaci\u00f3n de dependencia, sin necesidad de realizar tr\u00e1mites administrativos adicionales. Con ello se persigue reducir cargas burocr\u00e1ticas, agilizar el acceso a prestaciones y servicios y asegurar una protecci\u00f3n m\u00e1s efectiva e integral.<\/p>\n

En conjunto, la reforma consolida un sistema p\u00fablico de cuidados m\u00e1s universal, accesible y centrado en los derechos de las personas, capaz de responder al incremento de las necesidades de apoyo derivadas de los cambios demogr\u00e1ficos y sociales. En este contexto, el incremento de la financiaci\u00f3n estatal se configura como una condici\u00f3n necesaria para coadyuvar a la modernizaci\u00f3n del SAAD y asegurar que la ampliaci\u00f3n de derechos reconocida por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, pueda materializarse en prestaciones y servicios reales para las personas beneficiarias.<\/p>\n

Es por ello por lo que la reforma del sistema p\u00fablico de cuidados articulada a trav\u00e9s de la citada ley eleva a rango legal el principio de corresponsabilidad financiera y proporciona un marco estable que tiene como objeto superar din\u00e1micas pasadas de infrafinanciaci\u00f3n y asegurar la sostenibilidad del modelo de cuidados a largo plazo. Con ello, no solo se refuerza la seguridad jur\u00eddica del Sistema, sino que se crean las condiciones necesarias para que los nuevos derechos, prestaciones y apoyos reconocidos por la ley puedan hacerse efectivos de manera homog\u00e9nea y continuada en todo el territorio.<\/p>\n

II<\/p>\n

Los resultados obtenidos desde la entrada en vigor del nuevo modelo de financiaci\u00f3n materializado en el Real Decreto-ley\u00a017\/2026, de\u00a023 de junio, ponen de manifiesto el impacto positivo de las medidas adoptadas. La s\u00e9ptima edici\u00f3n del Panel del Sistema para la Autonom\u00eda y la Atenci\u00f3n a la Dependencia (Imserso, octubre de\u00a02026) refleja una mejora significativa de los principales indicadores del Sistema.<\/p>\n

As\u00ed, durante el \u00faltimo trimestre, la lista de espera se ha reducido casi un\u00a06\u202f% (5,7\u202f%). Al mismo tiempo, la lista de espera recoge su mayor disminuci\u00f3n en t\u00e9rminos interanuales, al reducirse un\u00a022,7\u202f% en el \u00faltimo a\u00f1o, esto es, 39.672 personas menos respecto a septiembre de\u00a02025. Esto supone que, en la actualidad, el n\u00famero de personas que se encuentran a la espera de una prestaci\u00f3n es el m\u00e1s bajo desde que hay registros y se sit\u00faa en\u00a0134.734 personas. Desde\u00a02021, la lista de espera se ha reducido en m\u00e1s de\u00a056,7\u202f%, lo que representa un descenso de\u00a0176.711 personas en\u00a05 a\u00f1os.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la consolidaci\u00f3n de esta aceleraci\u00f3n en el ritmo de incorporaci\u00f3n al sistema se produce en un escenario de envejecimiento acelerado y de presi\u00f3n creciente de la demanda. Esto significa que el SAAD, lejos de tensionarse, demuestra una evoluci\u00f3n positiva que no solo logra absorber el aumento de solicitudes sino tambi\u00e9n mejorar de forma continuada sus resultados. Lo anterior se traduce en un incremento en el n\u00famero de personas con prestaci\u00f3n efectiva que asciende a un\u00a02,4\u202f%, lo que supone\u00a041.573 nuevas personas beneficiarias. Por tanto, en septiembre de\u00a02026, casi\u00a01,8 millones de personas (1.748.901) se beneficiaban de alguna prestaci\u00f3n o servicio de este Sistema, lo que supone un nuevo m\u00e1ximo hist\u00f3rico.<\/p>\n

En t\u00e9rminos interanuales, el n\u00famero de personas con prestaci\u00f3n efectiva se ha incrementado un\u00a011 % en un a\u00f1o, con un aumento de\u00a0173.219 personas respecto a junio de\u00a02025. Este crecimiento, adem\u00e1s, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del\u00a06,6%, lo que vuelve a simbolizar que, en un contexto de crecimiento constante de solicitudes, la capacidad de atenci\u00f3n avanza m\u00e1s r\u00e1pido que la demanda. En definitiva, estos datos evidencian que el sistema no solo crece, sino que adquiere velocidad en la capacidad de respuesta y atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia. En comparaci\u00f3n con inicios del a\u00f1o\u00a02021, el n\u00famero de personas con prestaci\u00f3n efectiva ha aumentado en un\u00a061,3\u202f%, con una incorporaci\u00f3n de\u00a0664.692 personas hasta llegar a las\u00a01.748.901 actuales.<\/p>\n

Por \u00faltimo, cabe tambi\u00e9n destacar la reducci\u00f3n del tiempo medio de gesti\u00f3n desde la solicitud hasta la resoluci\u00f3n de la prestaci\u00f3n que ha descendido en\u00a021 d\u00edas en el \u00faltimo trimestre y en\u00a048 d\u00edas en el \u00faltimo a\u00f1o. Es decir, en este \u00faltimo trimestre el tiempo medio de tramitaci\u00f3n ha descendido casi los mismos d\u00edas que durante los dos trimestres anteriores juntos, situ\u00e1ndose en\u00a0293 d\u00edas.<\/p>\n

Con el fin de asegurar la plena efectividad de las modificaciones introducidas en el SAAD por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, resulta necesario actualizar distintos aspectos regulados por el Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, establecidas en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre. Dicha actualizaci\u00f3n responde a la necesidad de adecuar el marco reglamentario a la nueva regulaci\u00f3n establecida por la reforma legal, garantizando la coherencia interna del ordenamiento aplicable al SAAD y la correcta articulaci\u00f3n de sus distintos elementos. Con ello se facilita la aplicaci\u00f3n efectiva de las previsiones incorporadas por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, y se refuerza la seguridad jur\u00eddica en la implementaci\u00f3n de los derechos reconocidos.<\/p>\n

III<\/p>\n

La norma se estructura en tres art\u00edculos y seis disposiciones finales. El art\u00edculo\u00a01 recoge las cuant\u00edas del nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n garantizado para los tres grados de dependencia. El art\u00edculo\u00a02 establece la dotaci\u00f3n del nivel acordado para el a\u00f1o\u00a02027. Para ello, se regulan dos concesiones de suplementos de cr\u00e9dito en el ejercicio\u00a02027 en el art\u00edculo tres.<\/p>\n

Por su parte, la disposici\u00f3n final primera, modifica la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, a fin de solventar una incoherencia fruto de un error t\u00e9cnico. La disposici\u00f3n final segunda modifica el Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre, para adecuar las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia al marco jur\u00eddico vigente. La salvaguarda de este reglamento queda habilitada en la disposici\u00f3n final tercera.<\/p>\n

Por \u00faltimo, las disposiciones cuarta, quinta y sexta incluyen el t\u00edtulo competencial, la habilitaci\u00f3n al Gobierno para desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.<\/p>\n

IV<\/p>\n

Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han de concretarse las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar las diferentes medidas previstas en el presente real decreto-ley. Como viene reiteradamente declarando esta jurisprudencia (as\u00ed, la Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a061\/2018, de\u00a07 de junio, FJ\u00a05), la adecuada fiscalizaci\u00f3n del recurso al real decreto-ley requiere el an\u00e1lisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentaci\u00f3n expl\u00edcita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci\u00f3n (Sentencias del Tribunal Constitucional\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03; 111\/1983, de\u00a02 de diciembre, FJ\u00a05; 182\/1997, de\u00a020 de octubre, FJ\u00a03, y\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a04) y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexi\u00f3n entre la situaci\u00f3n de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (Sentencias del Tribunal Constitucional\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a03; 182\/1997, de\u00a020 de octubre, FJ\u00a03, y\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a04).<\/p>\n

En cuanto a la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definici\u00f3n expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la \u00abextraordinaria y urgente necesidad\u00bb siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoraci\u00f3n conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposici\u00f3n legal excepcional y que son, b\u00e1sicamente, los que quedan reflejados en la exposici\u00f3n de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboraci\u00f3n de la misma (SSTC\u00a029\/1982, de\u00a031 de mayo, FJ\u00a04; 182\/1997, de\u00a028 de octubre, FJ\u00a04; 11\/2002, de\u00a017 de enero, FJ\u00a04, y\u00a0137\/2003, de\u00a03 de julio, FJ\u00a03).<\/p>\n

En cuanto a la segunda dimensi\u00f3n del presupuesto habilitante de la legislaci\u00f3n de urgencia, concebida como conexi\u00f3n de sentido entre la situaci\u00f3n de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, se debe considerar que el fin que justifica la legislaci\u00f3n de urgencia no es otro que subvenir a \u00absituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif\u00edciles de prever requieran una acci\u00f3n normativa inmediata en un plazo m\u00e1s breve que el requerido por la v\u00eda normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci\u00f3n parlamentaria de las leyes\u00bb (SSTC\u00a031\/2011, de\u00a017 de marzo, FJ\u00a04; 137\/2011, de\u00a014 de septiembre, FJ\u00a06, y\u00a0100\/2012, de\u00a08 de mayo, FJ\u00a08).<\/p>\n

La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobaci\u00f3n de este real decreto-ley deriva de la necesidad de garantizar de manera inmediata la efectividad de los derechos reconocidos en la reforma operada a trav\u00e9s de la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, y de asegurar el adecuado funcionamiento del SAAD, evitando que eventuales limitaciones financieras y de adaptaci\u00f3n normativa comprometan el acceso efectivo de las personas en situaci\u00f3n de dependencia a las nuevas prestaciones y servicios que integran el Sistema.<\/p>\n

Son objetivos espec\u00edficos consolidar la cuant\u00eda de nivel convenido aportada por la Administraci\u00f3n General del Estado as\u00ed como habilitar cr\u00e9dito suficiente en\u00a02027 para el nivel m\u00ednimo; acortar el plazo m\u00e1ximo de reconocimiento de la prestaci\u00f3n a tres meses, solventando una incoherencia que se da en el texto de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, fruto de un error t\u00e9cnico en la reciente modificaci\u00f3n parlamentaria; y, proceder a la actualizaci\u00f3n de distintas disposiciones del Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre, para adecuarlo a la nueva regulaci\u00f3n introducida por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, garantizando la coherencia normativa, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n efectiva de las previsiones incorporadas por dicha reforma.<\/p>\n

En definitiva, la persistencia de un elevado volumen de personas pendientes de valoraci\u00f3n, resoluci\u00f3n o acceso efectivo a prestaciones y servicios, unida a la necesidad de hacer plenamente operativas las reformas recientemente aprobadas a trav\u00e9s de la citada norma por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi\u00f3n social, aprobado por Real Decreto Legislativo\u00a01\/2013, de\u00a029 de noviembre, y la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, exige una actuaci\u00f3n normativa inmediata que comprometa los recursos necesarios y realice las modificaciones normativas necesarias para garantizar una respuesta adecuada por parte de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n

Para que dichos objetivos puedan lograrse con efectividad, requieren del marco jur\u00eddico actualizado. Desde esta perspectiva, y con la salvaguarda de su rango reglamentario, se incorporan determinadas modificaciones en el Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia. Ello permite garantizar la aplicaci\u00f3n inmediata, sistem\u00e1tica y coherente de las medidas introducidas en el SAAD a nivel jur\u00eddico, dado que no existe en nuestro sistema jur\u00eddico un \u00e1mbito material sujeto a reserva reglamentaria. Es por ello que, para atender la mejora de la protecci\u00f3n social, se hace necesaria la modificaci\u00f3n del Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre, siendo el rango de ley el adecuado sin perjuicio de la modificaci\u00f3n reglamentaria prevista, cuya salvaguarda queda habilitada.<\/p>\n

La incorporaci\u00f3n de dichas modificaciones en un \u00fanico instrumento normativo responde a razones de seguridad jur\u00eddica, coherencia regulatoria y eficacia administrativa, al encontrarse directamente vinculadas a la efectividad de las reformas introducidas en el SAAD, sin que ello altere la naturaleza reglamentaria de las disposiciones modificadas.<\/p>\n

La demora inherente a la tramitaci\u00f3n legislativa ordinaria impedir\u00eda alcanzar dichos objetivos en los plazos requeridos, con el consiguiente riesgo de agravamiento de situaciones de vulnerabilidad y de desprotecci\u00f3n de personas que precisan apoyos para el desarrollo de una vida aut\u00f3noma, comprometiendo asimismo la efectividad de los principios de igualdad y cohesi\u00f3n social que inspiran nuestro sistema de protecci\u00f3n social. En este contexto, la utilizaci\u00f3n del instrumento previsto en el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n resulta necesaria para asegurar una respuesta r\u00e1pida y eficaz a una situaci\u00f3n cuya atenci\u00f3n no admite demora, garantizando la continuidad y suficiencia de los recursos destinados al sistema y la plena efectividad de los derechos de las personas beneficiarias.<\/p>\n

En particular, la entrada en vigor del presente real decreto-ley se traducir\u00e1 en un incremento hist\u00f3rico de la financiaci\u00f3n estatal para que sea efectiva y homog\u00e9nea en todo el territorio en mejores prestaciones y servicios para las personas en situaci\u00f3n de dependencia, y que se materialicen los nuevos derechos de la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre.<\/p>\n

En consecuencia, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, concurren en el presente real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas en el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, para implementar los cambios legislativos derivados de la especial urgencia que requiere satisfacer los cuidados de las personas en situaci\u00f3n de dependencia en un contexto de persistencia de listas de espera para acceder a los servicios y prestaciones econ\u00f3micas que garantiza la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre y de los nuevos derechos reconocidos por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre.<\/p>\n

Por otro lado, no hay afectaci\u00f3n al Derecho electoral general, pues se trata de una materia ajena al objeto del proyecto, ni al ordenamiento de las instituciones b\u00e1sicas del Estado, conforme a la interpretaci\u00f3n realizada sobre esta cuesti\u00f3n por el Tribunal Constitucional (cfr. STC\u00a0134\/2021, de\u00a024 de junio de\u00a02021 y STC\u00a0150\/2017, de\u00a021 de diciembre de\u00a02017).<\/p>\n

En cuanto a la prohibici\u00f3n de afectaci\u00f3n a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n, una muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional la interpreta en los siguientes t\u00e9rminos, que resume la STC\u00a0139\/2016, de 21 de julio (FJ\u00a06):<\/p>\n

\u00ab1.\u00ba)\u2003El art\u00edculo\u00a086.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t\u00edtulo I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretaci\u00f3n extensiva de dicho l\u00edmite que supondr\u00eda el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haci\u00e9ndolo \u201cinservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el t\u00edtulo I de la Constituci\u00f3n\u201d. 2.\u00ba)\u2003La cl\u00e1usula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se proh\u00edbe constitucionalmente es que se regule un r\u00e9gimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC\u00a0111\/1983, de\u00a02 de diciembre, FJ\u00a08, confirmada por otras posteriores). 3.\u00ba)\u2003El Tribunal no debe fijarse \u00fanicamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino m\u00e1s bien ha de examinar si ha existido \u2018afectaci\u00f3n\u2019 por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el t\u00edtulo I CE, lo que exigir\u00e1 tener en cuenta la configuraci\u00f3n constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicaci\u00f3n sistem\u00e1tica en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulaci\u00f3n de que se trate (\u2026).\u00bb<\/p>\n

En lo que respecta al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas, se trata de un l\u00edmite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista, de manera que, como sintetiza la STC\u00a023\/1993, de\u00a021 de enero (FJ.2):<\/p>\n

\u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que el art.\u00a086.1 C.E. utiliza un t\u00e9rmino \u201cr\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas\u201d m\u00e1s extenso y comprensivo que el mero de \u201cEstatutos de Autonom\u00eda\u201d, por lo que dicha expresi\u00f3n ha de ser interpretada, como ha dicho la STC\u00a029\/1986 \u201cen el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al r\u00e9gimen constitucional de las Comunidades Aut\u00f3nomas, incluida la posici\u00f3n institucional que les otorga la Constituci\u00f3n\u201d. De ese \u201cr\u00e9gimen constitucional\u201d forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero tambi\u00e9n se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, as\u00ed como las Leyes atributivas de competencia del art.\u00a0150.1 C.E., las Leyes de armonizaci\u00f3n del art.\u00a0150.3, y las Leyes Org\u00e1nicas a que se refiere el art.\u00a0150.2 C.E. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquellas leyes que, conforme al art.\u00a028.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Aut\u00f3nomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de \u00e9stas.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de ese \u201cr\u00e9gimen constitucional\u201d el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obst\u00e1culo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el \u00e1mbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Aut\u00f3noma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulaci\u00f3n no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n

Ciertamente, el ejercicio de las competencias de un ente puede afectar en alguna medida a las del otro. Pero cuando la Constituci\u00f3n veda al Decreto-ley \u201cafectar\u201d al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas, se refiere a una delimitaci\u00f3n directa y positiva de las competencias mediante tal instrumento normativo, y no a cualquier regulaci\u00f3n que indirectamente \u201cincida\u201d en las competencias auton\u00f3micas. De otro modo, se vaciar\u00edan pr\u00e1cticamente de contenido los \u00e1mbitos de regulaci\u00f3n sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy dif\u00edcil encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia auton\u00f3mica\u00bb.<\/p>\n

De forma m\u00e1s concreta, la Sentencia del Tribunal Constitucional\u00a018\/2016, de\u00a04 de febrero de\u00a02016, se pronunci\u00f3 de forma expresa sobre el alcance del l\u00edmite material consistente en la afectaci\u00f3n al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas en el \u00e1mbito de la promoci\u00f3n de la autonom\u00eda y atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, indicando en su fundamento jur\u00eddico\u00a05 lo siguiente:<\/p>\n

\u00abIgual suerte ha de correr la queja relativa a la infracci\u00f3n del l\u00edmite material consistente en la afectaci\u00f3n al r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas en la que, seg\u00fan la demanda, incurrir\u00edan el art\u00edculo\u00a022.2 y la disposici\u00f3n adicional novena, relativos a la constituci\u00f3n del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, pues ya hemos se\u00f1alado recientemente [STC\u00a081\/2015, de\u00a030 de abril, FJ\u00a06 b)] que este l\u00edmite \u201cno podr\u00eda nunca llegar a comprender cualquier medida que de alg\u00fan modo pudiese afectar a las Comunidades Aut\u00f3nomas, o a una Comunidad Aut\u00f3noma (y no al \u2018r\u00e9gimen de las Comunidades Aut\u00f3nomas\u2019 dise\u00f1ado en general en la Constituci\u00f3n), pues de ser as\u00ed, y teniendo en cuenta el desarrollo que ha alcanzado la distribuci\u00f3n de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas esbozada en el t\u00edtulo VIII de la Constituci\u00f3n, se har\u00eda imposible la utilizaci\u00f3n de ese instrumento normativo por parte del Gobierno de la Naci\u00f3n, comprometiendo incluso el ejercicio de las funciones que tambi\u00e9n le asigna esa misma Constituci\u00f3n\u201d. En suma, es claro que una disposici\u00f3n del Gobierno, tendente a reestructurar los instrumentos de cooperaci\u00f3n necesarios en el \u00e1mbito de la promoci\u00f3n de la autonom\u00eda y atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, no persigue una delimitaci\u00f3n directa y positiva de las competencias mediante el decreto-ley, pues este l\u00edmite material no impide cualquier regulaci\u00f3n que indirectamente incida en las competencias auton\u00f3micas. De otro modo, se vaciar\u00edan pr\u00e1cticamente de contenido los \u00e1mbitos de regulaci\u00f3n sobre los que el Decreto-ley puede proyectarse, puesto que es muy dif\u00edcil encontrar un objeto normativo en el que no incida de uno u otro modo alguna competencia auton\u00f3mica (STC\u00a023\/1993, de\u00a021 de enero, FJ\u00a02; en el mismo sentido, STC\u00a0332\/2005, de\u00a015 de diciembre, FJ\u00a08)\u00bb.<\/p>\n

Citada la jurisprudencia constitucional es de concluir que las medidas que incorpora el real decreto-ley no presentan afectaci\u00f3n al r\u00e9gimen de las comunidades aut\u00f3nomas, siendo respetuoso con el l\u00edmite que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado de modo flexible y finalista.<\/p>\n

Asimismo, el presente real decreto-ley garantiza para el ejercicio\u00a02027 la financiaci\u00f3n correspondiente al nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, definido y financiado por la Administraci\u00f3n General del Estado. Igualmente, asegura para dicho ejercicio el mantenimiento de la aportaci\u00f3n estatal destinada al nivel acordado de protecci\u00f3n, cuya distribuci\u00f3n se articular\u00e1 posteriormente mediante los instrumentos ordinarios de cooperaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n entre la Administraci\u00f3n General del Estado y las comunidades aut\u00f3nomas. Todo ello se establece sin alterar el modelo vigente de financiaci\u00f3n ni el r\u00e9gimen de distribuci\u00f3n competencial previsto en la Constituci\u00f3n y en los respectivos estatutos de autonom\u00eda, permaneciendo inc\u00f3lumes las competencias que corresponden a las comunidades aut\u00f3nomas en materia de servicios sociales y atenci\u00f3n a la dependencia.<\/p>\n

V<\/p>\n

Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo\u00a0129 de la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n

El proyecto se adec\u00faa a los principios de necesidad y eficacia. La norma proyectada responde a una raz\u00f3n de inter\u00e9s general, en la medida en que s\u00f3lo mediante una financiaci\u00f3n suficiente podr\u00e1 satisfacerse el ejercicio del derecho subjetivo a la promoci\u00f3n de la autonom\u00eda personal y atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, previsto en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre. En coherencia, se identifican con claridad los fines de la norma, teniendo como objetivo general la generaci\u00f3n de cr\u00e9dito suficiente para que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda\u00a02030 pueda hacer frente, en el ejercicio presupuestario\u00a02027, a los compromisos derivados del Real Decreto-ley\u00a017\/2026, de\u00a023 de junio y de la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, que persiguen, como fin concreto, el refuerzo de la financiaci\u00f3n del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia mediante una mayor corresponsabilidad de la AGE. De este modo, se lograr\u00e1 una mejora significativa de la capacidad de las personas en situaci\u00f3n de dependencia, que gozar\u00e1n de un mayor grado de autonom\u00eda f\u00edsica, mental, funcional y social. A los mismos objetivos sirven las modificaciones introducidas en el Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, establecidas en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, que igualmente redundar\u00e1 en una mayor calidad de la atenci\u00f3n a las personas usuarias del SAAD, en coherencia con el mandato proyectado por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre.<\/p>\n

Por su parte, la disposici\u00f3n final primera introduce una correcci\u00f3n t\u00e9cnica en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, con la finalidad de homogeneizar el nuevo plazo m\u00e1ximo de resoluci\u00f3n del reconocimiento de la situaci\u00f3n de dependencia previsto en la disposici\u00f3n final primera de la citada norma, a la modificaci\u00f3n introducida en el art\u00edculo\u00a028 por la Ley\u00a04\/2026, de\u00a01 de octubre, por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusi\u00f3n social, aprobado por el Real Decreto Legislativo\u00a01\/2013, de\u00a029 de noviembre, y la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, para la extensi\u00f3n y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusi\u00f3n, la autonom\u00eda y la accesibilidad universal conforme al art\u00edculo\u00a049 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola.<\/p>\n

En lo que concierne al principio de seguridad jur\u00eddica, esta norma es coherente con el resto del ordenamiento jur\u00eddico, en particular con la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre. El presente real decreto-ley se inspira en algunos de los principios que propugna la citada ley en su art\u00edculo\u00a03, y en concreto, con el car\u00e1cter p\u00fablico de las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, la universalidad en el acceso de todas las personas en situaci\u00f3n de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminaci\u00f3n, y la promoci\u00f3n de las condiciones precisas para que las personas en situaci\u00f3n de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonom\u00eda posible. A su vez, es coherente con el ordenamiento al actualizar el marco jur\u00eddico del \u00e1mbito de los servicios sociales que tiene como sat\u00e9lites una serie de reales decreto donde se establecen con sistematicidad las cuant\u00edas y las intensidades de las prestaciones, entre otros aspectos.<\/p>\n

En lo referido al principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulaci\u00f3n imprescindible para lograr los fines se\u00f1alados, sin introducir medidas restrictivas de derechos ni imponer obligaciones a los ciudadanos o empresas.<\/p>\n

En cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien est\u00e1 exenta de los tr\u00e1mites de consulta p\u00fablica, audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica por tratarse de un real decreto-ley, tal y como autoriza el art\u00edculo\u00a026.11 de la Ley\u00a050\/1997, de\u00a027 de noviembre, del Gobierno es clara en cuanto a la exposici\u00f3n de sus objetivos, como tambi\u00e9n lo es la memoria de an\u00e1lisis de impacto normativo que la acompa\u00f1a.<\/p>\n

Finalmente, respecto del principio de eficiencia, la norma no entra\u00f1a tareas de naturaleza administrativa que deban llevar a cabo empresas o ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma, por lo que no se generan cargas administrativas para el cumplimiento de sus objetivos.<\/p>\n

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo previsto en el art\u00edculo\u00a0149.1.1.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones b\u00e1sicas que garanticen la igualdad de todos los espa\u00f1oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.<\/p>\n

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo\u00a086 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, a propuesta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda\u00a02030, y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda\u00a010 de noviembre de\u00a02026,<\/p>\n

DISPONGO:<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a01.\u2003Cuant\u00edas del nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n garantizado por la Administraci\u00f3n General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia.<\/h5>\n

En\u00a02027 las cuant\u00edas del nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n garantizado por la Administraci\u00f3n General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, de grado III, Gran Dependencia; grado II, Dependencia Severa y grado I, Dependencia Moderada, son las fijadas en el siguiente cuadro:<\/p>\n\n\n\n\n <\/colgroup>\n\n\n\n\n\n\n
Grado de dependencia<\/th>\n\n

M\u00ednimo de protecci\u00f3n garantizado<\/p>\n

\u2013<\/p>\n

Euros\/mes<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n

Grado III Gran Dependencia.<\/td>\n660,00<\/td>\n<\/tr>\n
Grado II Dependencia Severa.<\/td>\n260,00<\/td>\n<\/tr>\n
Grado I Dependencia Moderada.<\/td>\n90,00<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Asimismo, la cuant\u00eda del nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n garantizado por la Administraci\u00f3n General del Estado para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, incluida en el Grado III+, de dependencia extrema se fija en\u00a04.930 euros al mes.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a02.\u2003Cuant\u00eda del nivel acordado de protecci\u00f3n en el Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia.<\/h5>\n

En\u00a02027 el nivel acordado entre la Administraci\u00f3n General del Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas de financiaci\u00f3n del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia tendr\u00e1 una dotaci\u00f3n de\u00a0904.197.420 euros, que ser\u00e1 distribuido a cada Comunidad Aut\u00f3noma de acuerdo con los criterios de reparto que se establezcan en el correspondiente Marco de Cooperaci\u00f3n Interadministrativa.<\/p>\n

Art\u00edculo\u00a03.\u2003Concesi\u00f3n de dos suplementos de cr\u00e9dito en el ejercicio\u00a02027 en el Presupuesto de la Secci\u00f3n\u00a029 \u00abMinisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda\u00a02030\u00bb.<\/h5>\n

1.\u2003Desde\u00a01 de enero de\u00a02027 hasta la aprobaci\u00f3n de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el a\u00f1o\u00a02027, a los efectos de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a010.5 de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, se conceden dos suplementos de cr\u00e9dito en el presupuesto de\u00a02027 de la secci\u00f3n\u00a029 \u00abMinisterio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda\u00a02030\u00bb, Servicio\u00a003 \u00abSecretar\u00eda de Estado de Derechos Sociales\u00bb, Programa\u00a0000X \u00abTransferencias y libramientos internos\u00bb, cap\u00edtulo\u00a04 \u00abTransferencias corrientes\u00bb, art\u00edculo\u00a042 \u00abA la Seguridad Social\u00bb, que se financiar\u00e1 de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo\u00a059 de la Ley\u00a047\/2003, de\u00a026 de noviembre, General Presupuestaria:<\/p>\n

a)\u2003Concepto\u00a0427, subconcepto\u00a000 \u00abAl Imserso, para m\u00ednimo garantizado en dependencia\u00bb, por importe de\u00a03.823.252,02 euros.<\/p>\n

b)\u2003Concepto\u00a0428 \u00abAl Imserso, nivel convenido en dependencia (SAAD)\u00bb, por importe de\u00a0121.000.000,00 euros.<\/p>\n

2.\u2003Sin perjuicio del expediente de gasto que tramite la Secretar\u00eda de Estado de Derechos Sociales a favor del Imserso, y se impute a las aplicaciones presupuestarias del apartado\u00a01 de este art\u00edculo, la aprobaci\u00f3n del presente real decreto-ley ser\u00e1 presupuesto suficiente para la generaci\u00f3n de cr\u00e9dito en\u00a02027 en las siguientes aplicaciones presupuestarias y en las cuant\u00edas indicadas a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

a)\u2003Aplicaci\u00f3n presupuestaria\u00a031.34-451.1 \u00abPara atenci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de dependencia: nivel m\u00ednimo de protecci\u00f3n\u00bb, por importe de\u00a03.823.252,02,00 euros.<\/p>\n

b)\u2003Aplicaci\u00f3n presupuestaria\u00a031.34-451.2 \u00abPara atenci\u00f3n a personas en situaci\u00f3n de dependencia: nivel acordado de protecci\u00f3n\u00bb, por importe de\u00a0121.000.000,00 euros.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final primera.\u2003Modificaci\u00f3n de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia.<\/h5>\n

Se modifican los apartados\u00a02 y\u00a03 de la disposici\u00f3n final primera de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, que quedan redactados en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n

\u00ab2.\u2003En el marco de lo establecido en la Ley\u00a039\/2015, de\u00a01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, el plazo m\u00e1ximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resoluci\u00f3n de reconocimiento de la prestaci\u00f3n de dependencia ser\u00e1 de tres meses, independientemente de que la Administraci\u00f3n Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situaci\u00f3n de dependencia y el de prestaciones.<\/p>\n

3.\u2003El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situaci\u00f3n de dependencia se generar\u00e1 desde la fecha de la resoluci\u00f3n de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo de tres meses desde la presentaci\u00f3n de la solicitud sin haberse dictado y notificado resoluci\u00f3n expresa de reconocimiento de la prestaci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Disposici\u00f3n final segunda.\u2003Modificaci\u00f3n del Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, establecidas en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia.<\/h5>\n

El Real Decreto\u00a01051\/2013, de\u00a027 de diciembre por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia, establecidas en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia, queda modificado como sigue:<\/p>\n

Uno.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a01 que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n
\u00abArt\u00edculo\u00a01.\u2003Objeto.<\/h5>\n

Este real decreto tiene por objeto la regulaci\u00f3n de los servicios y las prestaciones econ\u00f3micas por grado de dependencia, y los criterios para determinar las intensidades de protecci\u00f3n de los servicios del cat\u00e1logo establecidos en la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia.<\/p>\n

Asimismo, se regulan los traslados de personas beneficiarias entre comunidades aut\u00f3nomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla, el reintegro de prestaciones y la protecci\u00f3n de los espa\u00f1oles emigrantes retornados.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Dos.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a07, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n
\u00abArt\u00edculo\u00a07.\u2003Intensidad del servicio de teleasistencia.<\/h5>\n

1.\u2003El servicio de teleasistencia es un servicio de atenci\u00f3n y apoyo continuo y personalizado, prestado mediante tecnolog\u00edas avanzadas y dispositivos universalmente accesibles, con el alcance y la finalidad previstos en el art\u00edculo\u00a022 de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre.<\/p>\n

2.\u2003Todas las personas en situaci\u00f3n de dependencia tienen derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos. Se reconocer\u00e1 en el programa individual de atenci\u00f3n como servicio complementario, en cualquiera de los grados.<\/p>\n

3.\u2003El servicio se prestar\u00e1 las veinticuatro horas del d\u00eda, todos los d\u00edas del a\u00f1o, con especial atenci\u00f3n a la conectividad en las zonas rurales, fronterizas o menos pobladas. Incorporar\u00e1 la videointerpretaci\u00f3n en lengua de signos o la comunicaci\u00f3n directa en lengua de signos con los agentes.<\/p>\n

4.\u2003La intensidad del servicio se adecuar\u00e1 a las circunstancias, voluntad, deseos y preferencias de la persona y comprender\u00e1, al menos, la atenci\u00f3n ante situaciones de emergencia, el seguimiento proactivo peri\u00f3dico y la detecci\u00f3n de situaciones de soledad y aislamiento. Cuando la persona reciba atenci\u00f3n residencial o cuidados y apoyos en viviendas en la modalidad del art\u00edculo\u00a024 bis.2.a) de la Ley, el servicio se orientar\u00e1 a apoyar su participaci\u00f3n en el entorno comunitario.<\/p>\n

5.\u2003La comunidad aut\u00f3noma o Administraci\u00f3n competente determinar\u00e1 las modalidades del servicio y podr\u00e1 integrarlo con otros servicios del cat\u00e1logo y con los del Sistema Nacional de Salud, conforme al art\u00edculo\u00a022.3 de la Ley.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Tres.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a08, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n
\u00abArt\u00edculo\u00a08.\u2003Intensidad del servicio de ayuda a domicilio.<\/h5>\n

1.\u2003El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de la persona en situaci\u00f3n de dependencia y en el entorno comunitario pr\u00f3ximo a este, con la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria y promover su autonom\u00eda, de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias.<\/p>\n

2.\u2003Este servicio comprende:<\/p>\n

a)\u2003Los cuidados y apoyos personales para la realizaci\u00f3n de las actividades de la vida diaria, incluido el acompa\u00f1amiento en el entorno comunitario pr\u00f3ximo al domicilio.<\/p>\n

b)\u2003Los apoyos en las actividades dom\u00e9sticas y en la gesti\u00f3n del hogar.<\/p>\n

Las comunidades aut\u00f3nomas o Administraciones competentes podr\u00e1n establecer otros contenidos. Las personas que presten el servicio contar\u00e1n con la formaci\u00f3n especializada a que se refiere el art\u00edculo\u00a023.1 de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre.<\/p>\n

3.\u2003La intensidad del servicio de ayuda a domicilio estar\u00e1 en funci\u00f3n del programa individual de atenci\u00f3n y se determinar\u00e1 en n\u00famero de horas mensuales, seg\u00fan grado de dependencia, de acuerdo con el anexo II. No obstante, las Administraciones p\u00fablicas competentes podr\u00e1n establecer intensidades superiores para cada grado.<\/p>\n

4.\u2003Para determinar la intensidad del servicio de ayuda a domicilio se utiliza el t\u00e9rmino horas mensuales de atenci\u00f3n. La hora, en este contexto, se refiere, por tanto, al m\u00f3dulo asistencial de car\u00e1cter unitario, cuyo contenido prestacional se traduce en una intervenci\u00f3n de atenci\u00f3n de la persona beneficiaria.<\/p>\n

5.\u2003En el programa individual de atenci\u00f3n se diferenciar\u00e1n, dentro de las horas de ayuda a domicilio, las correspondientes a los apoyos de la letra a) y de la letra\u00a0b) del apartado\u00a02. Los apoyos de la letra b) solo podr\u00e1n prestarse conjuntamente con los de la letra a). Excepcionalmente y de forma motivada en la resoluci\u00f3n, podr\u00e1n prestarse por separado cuando as\u00ed se disponga en el programa individual de atenci\u00f3n.<\/p>\n

6.\u2003En dicho programa individual de atenci\u00f3n, la comunidad aut\u00f3noma o Administraci\u00f3n que, en su caso, tenga la competencia establecer\u00e1 la gradualidad de las anteriores intensidades, en base a la valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n personal de dependencia.<\/p>\n

7.\u2003Cuando, a solicitud de las personas interesadas, el servicio se organice de forma coordinada, conjunta y participada en los supuestos del art\u00edculo\u00a023.2 de la Ley:<\/p>\n

a)\u2003Cada persona conservar\u00e1 la intensidad reconocida en su programa individual de atenci\u00f3n.<\/p>\n

b)\u2003Las horas dedicadas a actividades compartidas se imputar\u00e1n por igual a cada participante.<\/p>\n

c)\u2003La organizaci\u00f3n conjunta no podr\u00e1 reducir los cuidados personales individuales.<\/p>\n

d)\u2003Cada persona podr\u00e1 solicitar en cualquier momento volver a la organizaci\u00f3n individual del servicio.<\/p>\n

8.\u2003La contrataci\u00f3n conjunta en la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, prevista en el art\u00edculo\u00a023.3 de la Ley, no alterar\u00e1 la cuant\u00eda individual de cada prestaci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Cuatro.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a013, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n
\u00abArt\u00edculo\u00a013.\u2003Cuant\u00eda de las prestaciones econ\u00f3micas.<\/h5>\n

1.\u2003Las cuant\u00edas m\u00e1ximas de las prestaciones econ\u00f3micas del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia ser\u00e1n las que se determinan en el anexo\u00a0IV.<\/p>\n

2.\u2003Para determinar el importe de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a recibir por cada persona beneficiaria, a dicha cuant\u00eda podr\u00e1 aplicarse, cuando proceda, un coeficiente reductor seg\u00fan su capacidad econ\u00f3mica, que ser\u00e1 exclusivamente personal, de acuerdo con lo establecido por la comunidad aut\u00f3noma o Administraci\u00f3n que, en su caso, tenga la competencia. Para ello, tendr\u00e1 en consideraci\u00f3n lo que se acuerde por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a la Dependencia de acuerdo con los art\u00edculos\u00a032 bis y\u00a033 de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre.<\/p>\n

No obstante, se establecen las cuant\u00edas m\u00ednimas, en cualquiera de sus grados, que se determinan en el anexo V.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Cinco.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a014, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n
\u00abArt\u00edculo\u00a014.\u2003Deducciones por prestaciones de an\u00e1loga naturaleza y finalidad.<\/h5>\n

Del importe a percibir por alguna de las prestaciones econ\u00f3micas previstas en este real decreto, se deducir\u00e1 cualquier otra prestaci\u00f3n de an\u00e1loga naturaleza y finalidad establecida en los reg\u00edmenes p\u00fablicos de protecci\u00f3n social. En particular, se deducir\u00e1n las prestaciones previstas en el art\u00edculo\u00a031 de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre.<\/p>\n

Lo dispuesto en el apartado anterior no ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a las personas que tengan reconocida la situaci\u00f3n de Grado III+ de dependencia extrema, conforme a lo previsto en el art\u00edculo\u00a031.2 de la Ley\u00a039\/2006, de\u00a014 de diciembre, de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Seis.\u2003Se modifica el art\u00edculo\u00a016, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\n
\u00abArt\u00edculo\u00a016.\u2003R\u00e9gimen de compatibilidad entre prestaciones.<\/h5>\n

1.\u2003Los servicios y prestaciones econ\u00f3micas del Sistema podr\u00e1n reconocerse de forma combinada en el programa individual de atenci\u00f3n, de acuerdo con la voluntad, deseos y preferencias de la persona en situaci\u00f3n de dependencia, dentro de las intensidades y cuant\u00edas que correspondan a su grado de dependencia y en los t\u00e9rminos de este art\u00edculo.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n

Disposici\u00f3n final tercera.\u2003Salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias.<\/h5>\n

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificaci\u00f3n por este real decreto-ley podr\u00e1n ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final cuarta.\u2003T\u00edtulo competencial.<\/h5>\n

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo\u00a0149.1.1.\u00aa de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones b\u00e1sicas que garanticen la igualdad de todos los espa\u00f1oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final quinta.\u2003Desarrollo reglamentario.<\/h5>\n

Se habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecuci\u00f3n de lo dispuesto en este real decreto-ley.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final sexta.\u2003Entrada en vigor.<\/h5>\n

El presente real decreto-ley entrar\u00e1 en vigor el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb.<\/p>\n

Dado el\u00a010 de noviembre de\u00a02026.<\/p>\n

FELIPE R.<\/p>\n

El Presidente del Gobierno,<\/p>\n

PEDRO S\u00c1NCHEZ P\u00c9REZ-CASTEJ\u00d3N<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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