El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a una de las leyes sanitarias más esperadas: la ley antitabaco, que regula, por primera vez, los nuevos productos relacionados con el tabaco y amplía los espacios sin humo.
Una de sus medidas más conocidas y controvertidas es la prohibición de fumar, cualquier tipo de producto relacionado con el tabaco, en las terrazas de bares y restaurantes. Pero también veta los cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su atractivo para los jóvenes. Y prohíbe expresamente a los menores fumar o vapear y, si son pillados, podrán ser multados sus padres.
La norma prohíbe expresamente a los menores fumar o vapear
En definitiva, contempla una batería de medidas defendidas por las sociedades médicas y las asociaciones de pacientes, para impulsar una reducción del consumo de tabaco similar a la que trajo consigo la primera ley, de 2005, y su ampliación en 2010.
La norma no incorpora, sin embargo, una de las principales reivindicaciones sanitarias: el empaquetado neutro de las cajetillas, debido a que no ha habido acuerdo entre Sanidad, en manos de Sumar, y la parte socialista del Gobierno, según fuentes del departamento dirigido por Mónica García.
No ha habido acuerdo entre Sumar y PSOE para incluir el empaquetado neutro en las cajetillas de tabaco
No obstante, Sanidad no renuncia a que el empaquetado sin marcas y ni reclamos publicitarios se introduzca durante la tramitación parlamentaria, un proceso para el que todavía queda bastante porque ahora el anteproyecto tiene que recabar los informes preceptivos, volver al Consejo de Ministros y solo después, iniciar su camino en las Cortes. Un recorrido que no se prevé fácil, dado que la norma genera rechazo en la industria y los hosteleros, que han mostrado su preocupación por el posible impacto económico que tendrá la prohibición de fumar en las terrazas.
Estas son las principales medidas de la nueva norma:
La norma amplía los espacios en los que no se podrá fumar y ahora tampoco vapear, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. Cuando la ley entre en vigor, no se podrán usar productos relacionados con el tabaco en recintos donde se desarrollen espectáculos públicos, en instalaciones deportivas, estaciones de transporte o centros educativos, entre otros.
Asimismo, estarán vetados en los exteriores de centros sanitarios, educativos, universitarios y sociales. También en parques infantiles y zonas culturales o deportivas. Así como en las terrazas de los bares, espectáculos y conciertos al aire libre. Y en los vehículos de transporte con conductor y de uso laboral. Son medidas, según la ministra de Sanidad, «avaladas por la ciencia y apoyadas por la sociedad».
La venta y entrega de tabaco a menores ya está prohibida, pero la norma prohíbe expresamente el consumo de tabaco y productos relacionados a los menores. Si fuman o vapean y son pillados por la policía, podrán ser multados sus padres, de manera subsidiaria, con una infracción leve y una cuantía de entre 100 y 600 euros. Esta medida se alinea con la ley de alcohol en menores, que también busca reducir el consumo en adolescentes.
La ley regula, por primera vez y «con contundencia», según Mónica García, los productos asociados al tabaco y que en los últimos años se han vuelto más populares, sobre todo entre la población más joven. Según la encuesta ESTUDES 2023, el 54,6% de los jóvenes de 14 a 18 años ha probado alguna vez un cigarrillo electrónico, una prevalencia superior a la del tabaco tradicional. El problema es que, según los médicos, los nuevos productos no son inocuos y, en muchos casos, son la «puerta de entrada» a los cigarrillos convencionales. Por ello, la ley somete a las mismas restricciones legales que tiene el tabaco a los cigarrillos electrónicos, las bolsitas de nicotina para uso oral, los productos de hierbas usados en cachimbas o los dispositivos de consumo calentados. Asimismo, prohíbe los cigarrillos electrónicos de un solo uso, por su impacto ambiental y atractivo para los jóvenes.
El anteproyecto aplica a los nuevos productos las limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio. Así, prohíbe toda forma de publicidad, directa o indirecta, de tabaco o los productos relacionados, ya sea por medios de comunicación tradicionales, así como a través de internet y redes sociales. Asimismo, veta la publicidad en equipamientos y mobiliario situado en el espacio público, lo que incluye carteles o rótulos con logotipos o marcas de cigarrillos electrónicos. Además, impide a las empresas patrocinar actividades y eventos. Y obliga a los responsables de los espacios públicos donde esté prohibido el consumo de tabaco a tener una señalización visible que informe de la prohibición. Las multas pueden llegar a los 600.000 euros.
La ley reestablece el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, órgano de coordinación interadministrativa para el seguimiento de las políticas públicas en esta materia que fue suprimido en 2014. Además, la ley se integra en una estrategia gubernamental más amplia de lucha contra el tabaquismo, que incluye la financiación de tratamientos para dejar de fumar, campañas y otras regulaciones. De hecho, Sanidad aspira a concluir, antes de que finalice el año, la tramitación del real decreto que limita el uso de aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, para evitar que los sabores atraigan al consumo, y que limitará la cantidad de nicotina en las bolsitas.
Las sociedades médicas y asociaciones de pacientes aplauden la nueva normativa, pero algunas consideran que se queda corta. Por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cree que es «insuficiente» para prevenir el 30% de las muertes por cáncer provocadas por el tabaco, al no incluir el empaquetado genérico y no limitar los puntos de venta de vapeadores y productos relacionados a los estancos. Asimismo, el colectivo considera que se deberían incrementar los impuestos, como medida disuasoria.
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