La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como imputado para el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez, dentro de la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
Pérez, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, se convierte así en el primer investigado en esta causa. Quien fuese su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, reiteró en su declaración como testigo que trasladó a su superior los avisos que recibió de un miembro del CNI un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio (una versión que Pérez negó), y aportó 19 mensajes que se cruzó con él.
La imputación, de la que han informado a RTVE Noticias fuentes jurídicas, se produce después de que el gobierno haya accedido a desclasificar los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia y que fueron requeridos por la jueza, quien además ha acordado llamar a declarar a dos miembros del CNI. Así, el jefe de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Ceuta podrá comparecer como testigo.
Esta era una de las solicitudes que la magistrada remitió al Ejecutivo el pasado 27 de octubre en un auto, aunque la citación se enmarca en la pieza secreta porque se considera que se trata de información reservada.
Tardón reclamó «todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio de 2026», y, en concreto, aquellos relativos «a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha».
La magistrada la ha acordado en un auto de 11 páginas en el que acepta la inhibición de las diligencias que se seguían en la Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.
Investigación sobre perturbaciones en las comunicaciones operativas
En esta misma resolución, requiere a la Comisaría General de Información de la Policía un informe con las incidencias, análisis, investigaciones o informes de inteligencia que consten en relación con anomalías en las comunicaciones operativas durante el periodo comprendido entre los días 28 de julio y 5 de agosto. Circunstancias todas ellas “compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles”.
Asimismo, acuerda requerir al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta las grabaciones de las llamadas recibidas entre las 00:01 horas del 30 de julio y las 23:59 horas del 31 de julio. Solicita estos dos informes con carácter previo a decidir sobre la batería de diligencias pedidas por la Fiscalía en relación con las anomalías en las comunicaciones operativas esos días.
“Si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas”, apunta.
Pese a esas sospechas, precisa Tardón, más allá de la declaración de un agente de policía, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que existieron actuaciones deliberadas de «interferencia tecnológica, ciberataques, guerra electrónica, sabotaje digital o cualquier otra modalidad de actuación hostil que tuvieran participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos» investigados.
Así, y pese a compartir el criterio de la Fiscalía sobre la necesidad de practicar diligencias para analizar todos estos extremos, la jueza cree más pertinente pedir primero información a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Centro de Operaciones de Servicio de la Guardia Civil de Ceuta.
Una vez incorporada esa información decidirá si recabar la colaboración de aquellos organismos del Estado con capacidad técnica y acceso a la información necesaria «para determinar si durante las fechas objeto de investigación se detectaron indicadores compatibles con actuaciones coordinadas dirigidas a perturbar la capacidad de comunicación, coordinación o respuesta de los servicios públicos españoles».
Dos jefes policiales niegan que conocieran avisos del CNI
En la misma causa, este jueves han declarado ante Tardón el jefe del puesto fronterizo de Ceuta y otros dos policías para dar explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos. La magistrada ha citado a estos tres agentes en calidad de testigos: el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía que ejerce como jefe del puesto fronterizo, así como al jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta y a otro inspector jefe, quienes habrían intervenido en la elaboración de los atestados sobre lo ocurrido.
Dos de ellos, el jefe regional de operaciones y el inspector jefe del puesto fronterizo, han negado que conociesen si existía alerta alguna del CNI sobre lo que podía ocurrir en la frontera a finales de julio. El primero ha precisado que la Delegación del Gobierno nunca les trasladó ninguna comunicación, mientras que el inspector jefe del puesto fronterizo ha apuntado que no fue informado ni formal ni «oficiosamente».
El jefe de operaciones ha explicado que el jefe superior de Policía expuso en una reunión con la Delegación del Gobierno la situación que se estaba viviendo en Ceuta debido a la presión migratoria, informan fuentes consultadas por la agencia EFE. Este mando, que se incorporó de sus vacaciones el día 30 y se entrevistó con todos los mandos de la Policía Nacional, ha apuntado que las fuerzas de seguridad marroquíes dirigían a las personas migrantes, mientras apartaban a las de origen subsahariano, en lugar de detener la entrada.
Sin medidas preventivas en la frontera
Al respecto, el inspector jefe del puesto fronterizo ha abundado que no había medidas preventivas en frontera, y que las fuerzas de seguridad marroquíes no hicieron ningún despliegue en la playa, según las mismas fuentes.
También ha declarado este jueves un inspector de la Policía que trabaja en frontera, quien ha explicado que el 28 de julio recibió una orden para habilitar de manera urgente un carril extraordinario para que cruzase a Ceuta el cónsul de España en Tánger. Según ha contado a la jueza, el cónsul entró y salió de Ceuta esa misma tarde y, a preguntas del fiscal, ha deslizado que en la frontera se comentaba que la razón de la entrada era para avisar de lo que ocurriría días después.
No obstante, recalcan las fuentes, el inspector ha señalado que no puede dar este rumor por cierto.
La jueza, que con motivo de la huelga pospuso a este jueves estas comparecencias en principio previstas para el miércoles, continúa así indagando en unos hechos que ha calificado de «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España».
El pasado martes interrogó a cuatro testigos protegidos de origen magrebí, quienes aseguraron que agentes marroquíes les dieron indicaciones en la frontera para entrar a Ceuta, y uno de ellos relató que, pese a no tener intención de cruzar a España, le arrojaron al mar y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil. Además mencionaron que un policía y un militar marroquíes pasaron a Ceuta durante la entrada masiva y se hospedaron en sendos albergues, y otro explicó que lo que le motivó a cruzar la frontera fueron los mensajes que leyó en las redes sociales sobre la regularización impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la posibilidad de verse beneficiado por dicha medida.
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